Jirón Cangallo: Precariedad táctica, urbanismo efímero

Comentarios a la controversia por la implementación de la “propuesta técnica de recuperación de un espacio público”, en el marco de Ciudades Seguras para las niñas- Barrios Altos, proyecto de la organización no gubernamental Plan Internacional.

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  Foto: Lima Antigua

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  Imagen: Anexo_-Planimetria-para-maestros.pdf

A inicios de agosto de 2021, en las cuadras tres y cuatro del Jirón Cangallo en Barrios Altos se instaló una serie de módulos de estructura metálica y soporte en madera, en cada cuadra sobre un área de la pista inmediata a la vereda, previamente señalizada con pintura para indicar una restricción a los vehículos y una zona de preferencia peatonal. La intervención es parte de una iniciativa de recuperación de espacio público en la que se combina la acción de la ONG Plan Internacional y el acompañamiento institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El propósito fue explicado al público por la Sub Gerenta de Juventud de la Municipalidad de Lima, Tania Peña (03/08/21 en el canal Lima Joven):

“Ellos [las y los adolescentes que participan en el proyecto de Plan Internacional] identificaron un espacio inseguro entre ellos el jirón Cangallo cuadras tres y cuatro, donde antes esta calle estaba invadida de autos estacionados en la vía pública, además lo que se ha hecho es colocar mobiliario modular donde las personas, los vecinos, las adolescentes, los niños pueden sentarse a conversar, a jugar y genera una línea de confianza para poder transitar libremente por esta vía”

El documento «Diseño y medición para la recuperación de un espacio público en la localidad de Barrios Altos», de de Plan Internacional (que se puede encontrar en la web de Coeeci) nos ayuda a reconocer el punto de partida de la intervención, el eje a ser intervenido y prevee, al aludir a Prolima, algunas condiciones relativas al carácter de Barrios Altos como espacio reglamentado como Centro Histórico.

Coeeci = Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI) 

La controversia

En las semanas siguientes, la página Lima Antigua (200K seguidores en Facebook) publicó dos álbumes mostrando primero (8 de septiembre) 10 fotografías con vistas generales del mobiliario y su emplazamiento en la cuadra 3 de Cangallo y luego 8 fotografías con planos más cerrados del mismo mobiliario y sus componentes en el mismo tramo (16 de septiembre), con la intención de mostrar el deterioro de los materiales a pocas semanas de su instalación. No se incluyó imágenes de la cuadra 4.

Cada álbum fue acompañado de un texto en que se llamaba la atención del alcalde Jorge Muñoz y se criticaba duramente la intervención (“Barrios Altos necesita orden, desaparición de los depósitos, seguridad, veredas anchas, vivienda de calidad para los vecinos… pero tal parece que los expertos prefieren poner maderas, fierro y macetas. Barrios Altos no es un laboratorio de experiencias mal hechas” 08/09/21). Ambos posts, replicados por el gestor de Lima Antigua en su página personal, incidían en la falta de información sobre la naturaleza y propósito del mobiliario. En esta postura, lo que vemos en las fotografías bien es ininteligible o bien es reflejo de una política discriminatoria de la Municipalidad de Lima hacia Barrios Altos (“¿Bancas Pobres para Gente Pobre?”). 

En alusión a estas publicaciones (quizá a otras más, no se precisa), la arquitecta Paula Villa Pastor publicó el 16 de setiembre en Facebook un texto para explicar “el proceso de trabajo realizado (…) con el fin de que se pueda tener un panorama más amplio del punto de partida, el alcance de la propuesta y las complejidades de la zona, sin dejar de lado las cosas que deben ser mejoradas”. Villa detalla que las adolescentes convocadas por Plan Internacional habían identificado las cuadras 9 de Huallaga, 3 de Cangallo y 10 de Junín como eje a ser intervenido “debido a la sensación de inseguridad que les generaba”. 

Partiendo de ello, continúa, “se buscó la manera de integrar la intervención a una visión más amplia, el Plan Maestro del Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima” y “se decidió comenzar la intervención en la cuadra 3 del Jr. Cangallo desde la Piedra Horadada, pero ampliarla también hasta la Maternidad de Lima, debido a la gran afluencia de personas que cada día esperaban frente a la puerta de Emergencias y donde los jaladores alquilaban sillas de plástico”. El post está acompañado de fotografías y videos que muestran el uso intenso del mobiliario de la cuadra 4 (frente a la maternidad) y el menos exitoso de la cuadra 3, admitiendo en saludable tono autocrítico la probabilidad de “un fracaso” o, de modo más propositivo, “que es un proceso que requiere un empuje que va más allá de la intervención física por sí misma”. 

El 17 de setiembre, la página UDEAL (48K seguidores en Facebook) compartió las imágenes de Lima Antigua con el mensaje: El «urbanismo táctico» se ha convertido en la excusa perfecta de las municipalidades para reforzar la inequidad de inversión y de calidad de diseño en nuestras ciudades. Jorge Muñoz maquilla la zona turística mientras entrega mobiliario precario a Barrios Altos. 

Te lo resumo así nomás…

Hasta este punto, he presentado algunos elementos que convergen en la intervención, su defensa y su crítica:

1. El diagnóstico de sensación de inseguridad en el que participaron adolescentes vecinas de Barrios Altos, que identificó un eje específico para ser objeto de una acción de recuperación de espacio público, en el marco del proyecto Ciudades Seguras para las NIñas, que tiene como horizonte el aumento de seguridad de las niñas y su acceso al espacio público, su participación en el desarrollo urbano y la gobernanza y el aumento de su movilidad autónoma en la ciudad (tres puntos que he tomado de Plan Internacional).
2. Plataformas virtuales-proyectos ciudadanos (Lima Antigua y UDEAL)) que mantienen una postura crítica a la gestión municipal y continuamente realizan o acogen quejas o denuncias. Los señalamientos en este caso: falta de información, desconfianza a intervenciones en el registro de “urbanismo táctico”, una política diferenciada para Barrios Altos.
3. Un pronunciamiento del equipo de arquitectos que evita el uso de la etiqueta “urbanismo táctico”, a la vez que destaca componentes que suelen asociarse a intervenciones bajo ese signo: el carácter “efímero” de lo instalado, la incorporación de “elementos de seguridad que protegieran a las personas de la calzada” y una defensa del “mobiliario modular prefabricado” en la medida que habilita a “explorar nuevos usos espontáneos: sentarse, conversar, comer, jugar, etc.”. Lo espontáneo es remarcado además como un valor que se opone a lo programado y reglamentado.
4. El uso de fotografías para criticar o explicar la intervención de manera pública. En el caso de la crítica, una tendencia a mostrar el estado del mobiliario en la cuadra 3 de Cangallo, donde se evidencia deterioro y poco uso. En el caso de la explicación (que naturalmente tiene algo de defensa), la tendencia a mostrar sobre todo los usos logrados en la cuadra 4 de Cangallo, frente a la Maternidad de Lima. En buena medida, una controversia a punta de fotos con pretensión de evidencia.
5. Una ONG (Plan Internacional) que ha auspiciado la intervención, pero que al momento no ha hecho una declaración pública que pueda citarse (es probable que su comunicación está enfocada en los participantes directos de proyecto)
6. La ausencia de la Municipalidad y sus autoridades para defender o explicar ahora una intervención que presentaron en sus canales oficiales como una iniciativa oficial de recuperación del espacio público en Barrios Altos.

El elemento «1» ha quedado opacado por 2,3,4,5 y 6 y lo quiero atender considerando el entorno de la intervención.

El entorno de la intervención

En el gráfico a continuación presento un esquema de las calles mencionadas hasta el momento: punteo en verde para Junín 10, Cangallo 3 y Huallaga 9 (el recorrido inseguro identificado para ser intervenido) y punteo en celeste para Cangallo 2, 3, 4 y 5.

De la calle Cangallo me interesa destacar su trazo: sus intersecciones no son regulares (indicaciones en rojo), sus continuidades no están “a la vista” de una persona caminante (o conductora). Su encuentro con Huallaga es una T (la calle ‘entrega’ a una fachada) Además, en el encuentro con Junín (offset superior) dominan muros ciegos de gran altura que “encajonan” el paso. Esta configuración se estableció en la década de 2000 y se profundizó en la de 2010. Para entender eso, viene bien un poco de historia vieja y otro poco de historia reciente.

El trazado de Barrios Altos resulta de la superposición entre la cuadrícula española y la huella de caminos que conectaban antiguas parcelaciones agrícolas y regadíos prehispánicos, incluido el hoy subterráneo río Huatica. De ahí la irregularidad de sus calles. El tamaño de las manzanas varía bastante (entre 2 y 11 hectáreas, de poco más de 250). Casi no hay áreas verdes y los espacios públicos se cuentan con los dedos de la mano. Predominan el inquilinato precario, la vivienda multifamiliar, los callejones, quintas y sufridas casonas coloniales o republicanas. Si las condiciones habitacionales son malas, los valores patrimoniales están mas que descuidados, sometidos a una muy extendida idea de conservación según la cual las familias solo contribuyen a la pérdida de bienes históricos o arquitectónicos. 

Barrios Altos colinda con el complejo Mercado Central- Mesa Redonda, una importante zona de abastecimiento y comercialización de productos para el hogar, de oficina, limpieza, cosmética, juguetes, decoración, entre otros. La búsqueda de espacio para almacenamiento que demanda ese complejo ha sido el principal motor de la transformación de BA. Dada la ventaja logística en transporte y distribución y los bajos costos de acceder a terrenos, decenas de almacenes se han edificado en los últimos tres lustros. Al principio estas construcciones se hicieron en solares abandonados, pero poco a poco, mediante compras fraudulentas de predios y desalojos violentos, se está expulsando a los habitantes de quintas y casonas.

Además, el constante paso y las maniobras de los vehículos de carga pesada genera verdaderos atolladeros y un deterioro aún mayor de las pistas y veredas. Un camión container girando con dificultad en una estrecha calle es una escena cotidiana. La carga y descarga de mercadería ha tomado las veredas, entorpeciendo el paso de transeúntes, afectando sobre todo a personas de tercera edad o el paso de coches de bebés o sillas de ruedas (El Cercado es el tercer distrito de la capital con más personas con discapacidad para moverse, según el censo 2017). Esta evolución del conflicto por el espacio acentúa la tendencia al despoblamiento (en lo que va de mi vida, BA perdió un tercio de su gente) y ha desfigurado definitivamente el perfil del callejero. Otro efecto de esta transformación es la pérdida de contacto entre uso residencial y calle. Moles de cemento y fachadas negadas a la calle son el nuevo paisaje, propicio para la sensación de inseguridad. 

En recorrido identificado por las adolescencias es muy característico de este entorno urbano hostil y deteriorado, muy acentuado en la intersección irregular Cangallo-Junín, donde por cierto se ubica un fuerte elemento de reconocimiento e identidad: la Peña Horadada. La observación que realicé para este lugar en el período 2008-2012 puede encontrarse aquí.

Otro elemento del recorrido es un contenedor de residuos sólidos ubicado en Cangallo 3, que convierte la vereda en un lugar inhóspito, donde se arrojan objetos en desuso o directamente basura. Otras condiciones como los atolladeros cotidianos, la circulación desordenada de vehículos menores (mototaxis), la escasa iluminación nocturna y la no poco probable aparición de un espectro tóxico (a.k.a fumón del barrio) hacen bastante comprensible que se haya identificado este recorrido como inseguro. Puede haber más elementos, pero estos son los que puedo enumerar sin conocer el diagnóstico trabajado, ni las premisas del mismo (acoso callejero, desigualdad entre chicas y chicos, horarios…)

La propuesta de intervención

El anexo 1 de la Propuesta Técnica (planimetría) realizada por el equipo de arquitectos se puede consultar en la web de COECI. Incluye esquemas y renders del proyecto.

Imagen: Anexo_-Planimetria-para-maestros.pdf

Transcribo los descriptores de este esquema (de izquierda abajo hacia derecha arriba), con negritas mías:

• Líneas y zonas pintadas en el suelo conectan la intervención con los espacios aledaños 
• Rampas para invitar a subir a las niñas y niños y recorrer el mobiliario
• El mobiliario se convierte en mesas de apoyo a lo largo del recorrido
• El espacio ganado permite zonas de juego libre y flexible
• Cobertura ligera y fácil de instalar para aportar con sombra a la intervención
• A lo largo del recorrido el mobiliario adopta la forma de asientos para descanso o recorridos a pequeña altura para seguir jugando
• Los elementos verticales permiten sostener la cobertura y también son paneles informativos en el espacio público
• La estructura con bloques de concreto permite estabilidad, de modo que sea seguro subir y recorrer el mobiliario

Aquí se encuentra parte de la explicación que demandan los críticos, la información que no transmite el mobiliario por sí mismo en su emplazamiento (lo ininteligible) y la propuesta que la Municipalidad de Lima no comunica, por ejemplo, en un cartel de obra en que las y los vecinos pudiéramos tener una imagen aproximada (¿quizá en los paneles informativos del propio mueble?).

En ese esquema y en los renders está proyectado aquello que fue objeto de replanteamiento “del diseño en obra” y que explica por qué el equipo de arquitectos refiere “algunos vacíos a lo largo de la intervención” o lamenta el resultado de “piezas aisladas en algunos tramos”. De otro lado, la instalación (no fija al pavimento) y el acabado fue a todas luces deficiente y se dio de un modo que alteró la pieza (por más “abierto” que fuera el módulo, el concepto de la intervención es esencialmente un mobiliario de distintas alturas “para ser recorrido”. Que sea usado mucho o poco (porque está ahí) no quita su apariencia precaria e inestable y los problemas de proporción que se notan al comparar el mobiliario real con el presentado en los render.

Render & Realidad

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  Imagen: Anexo_-Planimetria-para-maestros.pdf

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  Foto: Facebook Paula Villar

No solo el acabado y la apariencia endeble de lo instalado, la secuencia de instalación también ha jugado en contra de la legibilidad y de la legitimidad de la intervención. Un mes y medio después de su inauguración no solo no se completa un mobiliario a ser recorrido, tampoco se completa la pintura, la señalización, el resguardo de la vía con bolardos ni los maceteros. El rápido deterioro aporta una capa incómoda al concepto de “efímero”. 

Más allá de la «evidencia fotográfica»

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  LimaMalaLima 16-09-21

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  LimaMalaLima 16-09-21

De fondo, está la desconexión teórica y práctica entre el diagnóstico que convocó la intervención (la sensación de inseguridad identificada por las adolescencias en un recorrido específico) y el camino que tomó la intervención, no sólo en virtud de los conflictos hallados por el equipo en el terreno y los cambios que se hicieron, sino principalmente por la decisión (anterior) de iniciar la intervención en Cangallo 3 y 4, y luego, la decisión de desarrollarla a partir de hallazgos del equipo en Cangallo 4: el uso de la calle como estacionamiento, la estrechez de las veredas y el cansancio de las familias que pasan horas en las afueras de la Maternidad de Lima, y que necesitan por lo menos sentarse. 

Creo que es ocioso discutir si el mobiliario tiene uso intensivo en esa zona (que lo tiene, basta pasar por ahí) y puede ser redundante mostrar las fotografías de lo bien que va en un lado, o lo mal que va en el otro. Más productivo puede ser mirar los resultados en función de las premisas.

En términos metodológicos, lo que al parecer ha ocurrido es que a propósito de la instalación del mobiliario ocurrió otro diagnóstico y se ha empezado a atender otros problemas, a la vez que por razones no expuestas, se postergó parcialmente el diagnóstico original (inseguridad identificada por las adolescencias) y su consiguiente atención, hecho que quizá se reforzó luego por los éxitos relativos en la zona ‘descubierta’ a instancias de la intervención. No puedo evitar notar que los problemas que se presentan en la zona en cuestión (Cangallo 4) son problemas más convencionales para las herramientas del urbanismo táctico (p.e. falta de mobiliario de reposo, competencia vehículo-peatón, la calle como estacionamiento, etc.). Tampoco puedo evitar criticar el que los problemas de partida en la demanda original sean enumerados por el equipo de arquitectos como asuntos “estructurales” que sobrepasan la intervención física: “la gran cantidad de almacenes y muros ciegos, la limpieza general y constante, la fiscalización del tránsito y las motos que se meten en contra, la puesta en valor de la Piedra Horadada…”. ¿Ninguno de estos elementos, presentes en Cangallo 3, fueron considerados para el diseño del mobiliario?.

En el diseño, la intervención no preve ninguna relación con la Peña Horadada, principal elemento de identidad histórica en la zona. Tampoco he logrado distinguir soluciones de iluminación, algo quizá obvio en términos de seguridad

El rol de la Municipalidad de Lima en la intervención no está claro, y es una lástima que la responsabilidad (por los aciertos o los defectos) la tomen sobre sus hombros únicamente los arquitectos, expuestos no solo al razonable malestar de colectivos y ciudadanos, sino a críticas sin fundamento (“el dinero de los contribuyentes”, “corrupción”), quejas deleznables (“interrumpen el tráfico”, “¿es para skaters?”). También es algo penoso que el equipo de arquitectos, tras las críticas, no sea respaldado en público por el alcalde Muñoz ni por la ONG Plan Internacional, pues si han apostado por una forma de intervenir que pone el ensayo-error y la retroalimentación como condición de aprendizaje, lo natural sería enfrentar las quejas bajo esos mismos principios, junto a los profesionales involucrados. En particular, el alcalde Muñoz debería abordar la inquietud que despierta el uso de materiales que más que «ligeros» lucen precarios. Considerando el entorno, puede ser una redundancia algo ofensiva.

A falta de un acompañamiento de las autoridades, quienes defienden el proyecto sufren el apoyo de diversos entusiastas que se han apurado con reacciones del tipo “es una donación”, “critican por criticar”, “es un feedback”, o que señalan, confundiendo la secuencia explicada con mucha honestidad por la propia arquitecta Villar, que la finalidad de la intervención fue “brindar un lugar de espera a pacientes que llegan a la Maternidad de Lima” o que se hizo esto porque es más sencillo hacer una intervención que un proyecto de inversión (?). Esta forma de tomar posición en las controversias por el espacio público no sólo es dañina para la convivencia entre vecinos/as, activistas y profesionales, también es contradictoria (¿solo se admite feedback buen rollo?), y en algunas de sus variantes, deja totalmente de lado la política, la orientación de la autoridad municipal y el simple hecho de que sobre Barrios Altos se acumula mucha decepción y desesperanza respecto a las oportunidades de variar la situación de desatención y precariedad. No es un caso de «haters gonna hate».

Finalmente, es sintomático que el tramo en el que coinciden el recorrido inseguro y la intervención de recuperación (Cangallo 3) sean precisamente el punto en el que tirios y troyanos admiten las deficiencias -cuando no el fracaso- de la propuesta. En todo caso, donde nadie puede sacar una foto-evidencia de lo contrario. Y el punto en el que el mobiliario modular abierto ha iniciado su desaparición.

Ley Nº 13517: 60 años de la ley que partió en dos la historia de las ciudades peruanas

El 14 de febrero de 1961 se promulgó la Ley Nº 13517, «Ley orgánica de barrios marginales y aumento de capital de la Corporación Nacional de la Vivienda», más conocida como la Ley de Barriadas. De eso, se han cumplido ahora sesenta años. Veamos por qué esta ley es tan importante para la forma en que se desarrollaron las ciudades de nuestro país.

«Más propietarios, menos comunistas»

En el libro «Producir la ciudad popular de los 90. Entre el mercado y el Estado», de 1991, Gustavo Riofrío esboza el contexto en el que se da la ley de barriadas: «El surgimiento de las barriadas fue un hecho novedoso en los años cincuenta. Mientras que el Estado mostraba su incapacidad para edificar viviendas populares, muchos terrenos periféricos de la ciudad venían siendo ocupados por grupos de familias pobres, generalmente venidas del interior de país. Pedro Beltrán, primer ministro durante el régimen de Prado, había prestado atención al problema de la vivienda, actuando sobre ella con el famoso eslogan de “más propietarios, menos comunistas». La ley 13517, promulgada en medio de movilizaciones y demandas de atención de los pobladores de las barriadas, marcó un hito en las políticas gubernamentales frente a los barrios«.

¿En qué sentido esta ley marcó un hito? En primer lugar, definió que los barrios marginales formados hasta ese momento, como fruto de la dinámica de tomas de tierras efectuadas por familias en busca de vivienda en las ciudades, no serían erradicados por la autoridad, sino objeto de saneamiento físico y legal, «excepto si estaban situadas en lugares no aptos para vivienda», como apuntan Castro y Riofrío en el artículo La regularización de las barriadas: el caso de Villa El Salvador- Perú, publicado en 1996. De acuerdo a estos autores, esta ley y su reglamento «son las principales normas que consolidan la formación de la legislación urbanística referida a los tipos de urbanizaciones y de construcción de viviendas en barriadas, así como en la definición de los derechos y obligaciones del poblador respecto al suelo que ocupa».

Las barriAdas de Lima 1957

Para entender plenamente el alcance de este cambio, debemos retroceder a la situación previa a la ley, es decir, a los años cincuenta. El antropólogo José Matos Mar (autor del célebre título Desborde popular y crisis del Estado), tiene entre sus innumerables méritos haber publicado en 1966 el importante Estudio de las barriadas limeñas, complementado una década después con Las barriadas de Lima 1957, donde describe la barriada como el «patrón de establecimiento urbano (…) en el que participan grupos de familias de bajos ingresos económicos» que además «ocupan los niveles inferiores dentro de la estratificación social urbana, en su mayoría obreros de construcción y fabriles, artesanos, choferes, domésticos, conserjes, guardianes, ayudantes y vendedores de tiendas, mercados o ambulantes».

Para 1956, Matos certifica para Lima, la capital, la existencia de 56 barriadas, a las que clasifica en cuatro conjuntos: Márgenes del Rímac (21), Faldas de los cerros (19), Zona urbana (11) y Fuera del área urbana (5). De acuerdo a un censo de barriadas conducido por el propio Matos, y con las proyecciones oficiales disponibles para 1956, en ese punto el 9.5% de la población de Lima habitada en barriadas, lo mismo que el 13.45% de la población de Arequipa y el 21.4% de la población de Chimbote. Matos identifica el ciclo que va desde Leticia en 1933, las barriadas formadas luego de terremoto de 1940 (ciudadela Chalaca, Matute, Villa Olaya, Carrillo de Albornoz) y la explosión de ocupaciones de este tipo en los primeros años 50. De acuerdo a Matos:

Mientras Leticia, Puerto Nuevo y Mendocita representan en la década del 30 la fase inicial, San Cosme en 1946 logra consolidar el modelo, y en 1955 Ciudad de Dios le otorga una significación nacional. La década de 1950 marca en definitiva la consolidación de la barriada como fenómeno de gran envergadura que afectará el desarrollo futuro de todas las ciudades peruanas.

Las barriadas de Lima 1957. José Matos Mar

Barriadas de la Gran Lima 1957. Matos Mar (1977).

Lima y sus barriadas antes de la «Ley de Barriadas»

En el capítulo «Participación de los pobladores en la solución de sus necesidades», Matos señala que solo con el surgimiento de Ciudad de Dios en 1954 «el gobierno por vez primera dedicó su atención a este problema, movilizó sus dependencias y organismos técnicos e incluso dictó resoluciones para normar la organización de las barriadas existentes y un reglamento general al que debían ceñirse las urbanizaciones futuras». Sin embargo, señala también que «hasta 1957 ninguna barriada ha obtenido su reconocimiento legal ni el de la propiedad de los lotes de sus pobladores». Ilegales, pero toleradas, inseguras, pero masivas, con esas características las barriadas se presentan como la solución de facto al problema de la vivienda, a la vez que una ciudadanía subestándar para las familias de la clase trabajadora, cuyo lugar en la ciudad no cuenta con reconocimiento del Estado. En las demandas de los pobladores, que Matos recopila, se deja entrever el limbo urbano en el que se encontraban las barriadas:

Los clamores que tal situación suscita son:
1. – Que el Estado adjudique la propiedad de los terrenos a los ocupantes de las barriadas.
2.- Que el Estado compre los terrenos eriazos donde están ubicadas si es que no fuera propietarios de ellos y se los adjudique.
3.- Que las municipalidades las incorporen dentro de su jurisdicción (…)
4.- Que las barriadas más cercanas entre sí formen un distrito (…)»

Las barriadas de Lima 1957. José Matos Mar.

Recién en 1979 (Decreto Ley 22612) se va a considerar barrios ordinarios de la ciudad, susceptibles de convertirse en distritos, a aquellos asentamientos que cumplieran con el proceso urbanístico establecido en la ley 13517.

INVASIONES PLANO EN MANO

Para 1961, año de la dación de la Ley de Barriadas, en Lima el 17% de la población vivía en barriadas. De acuerdo al profesor Julio Calderón, Perú fue «el primer Estado en el mundo que legalizó las ocupaciones ilegales». Si para David Collier, autor del estudio Barriadas y élites, de Odría a Velasco, «la verdadera trascendencia de la ley 15317 radica en que representó el compromiso público de adoptar formalmente políticas que antes habían sido aplicadas sobre bases muy informales y discrecionales» (Collier, 1978), para Calderón significó algo más: «Consideró necesario el rol del Estado como propulsor de la vivienda, bajo las ideas de autodesarrollo y autoconstrucción» (Calderón, 2009: Políticas urbanas y expansión de las barriadas 1961-2000).

De hecho, para Fernández Maldonado (2015) esta ley constituye el punto de partida de «la articulación oficial de la legalización del suelo y la consolidación urbana en barriadas». Y es el hito de la periodización de las barriadas que establecen Rodríguez y Jaworsky, quienes en 1969 las agrupan en (1) las barriadas antes de 1950, (2) las barriadas entre 1950 y 1960, y (3) las barriadas a partir de1960, coincidiendo en gran medida en (1) y (2) con la secuencia temporal identificada por Matos; aquí la ley de 1961 marca el inicio de la existencia ‘jurídica’ de la barriada (Vivienda en barriadas. Rodríguez, A. y Jaworski, H. Cuadernos Desco, 1969)

En su evaluación de la política de vivienda a inicios del siglo XXI, Tokeshi y Zolezzi (2006), afirman que:

«… la política de vivienda que ha servido para los sectores populares en los últimos casi cincuenta años se basó en los grandes lineamientos establecidos por la Ley de Barrios Marginales (ley 13517) de febrero de 1961, época en que se vislumbra ya la crisis del Estado oligárquico por la presión de los cambios migratorios y las reivindicaciones reformistas de sectores con una visión más moderna y, en cierta medida, una vocación redistributiva (…) Su contenido ha servido como eje de todas las políticas urbanas para los pobres hasta finales del siglo XX y, en gran medida, sigue «penando» en el siglo XXI»

Política de vivienda 2001-2006. Nuevos rumbos sin soltar viejas amarras. Tokeshi, J & Zolezzi, M. 2006.

Como ya hemos visto, la ley 13517 establece que las barriadas, formaciones nacidas en la ilegalidad, no serían erradicadas, si no reconocidas jurídicamente, lo que constituyó una «medida radical en ese momento cuando aún se mantenía una visión de las barriadas como aberración social» (Fernández Maldonado, Ana M. 2015). Al contrario, serían sometidas a un proceso de «saneamiento físico y legal». El saneamiento físico implicaba poner en marcha remodelaciones a lo que se había configurado como traza urbana y calidad espacial hasta entonces. Era el espíritu de esta ley «tomar una gran iniciativa para el mejoramiento de los asentamientos precarios formados antes de su dación», según señalan Ramírez Corzo y Riofrío, autores de «Formalización de la propiedad y mejoramiento de barrios. Bien legal, bien marginal» (2006), un estudio crítico de las políticas de regularización de la propiedad en el Perú, políticas inspiradas en los planteamientos del economista Hernando de Soto. Además del mejoramiento, la ley proponía proyectos de lotes con servicios para que «en el futuro no sea necesario hacer obras de mejoramiento de lo existente, sino de desarrollo progresivo de lo por venir» (Ramírez Corzo y Riofrío, 2006).

Ese mejoramiento («saneamiento físico») de las urbanizaciones existentes hasta entonces fue el aspecto muy pronto dejado de lado en la puesta en práctica de la ley, y en el mejor de los casos se limitó al replanteo de vías y lotes para producir una trama regular. No sólo ello, en muy poco tiempo incluso se intentó limitar el alcance del reconocimiento de las barriadas, penalizando a quienes se considerase sus promotores (modificación de la Ley de Barriadas mediante decreto 14495 de 1963).

No obstante, y aquí está uno de los efectos más importantes de la ley (y la justificación del título de este post):

«… la autoridad ya había reservado terrenos de buena calidad y dictado las normas para que que ellos sean urbanizados de acuerdo a los reglamentos convencionales. Las ocupaciones de suelo sobre esos terrenos originaron los llamados “conos” Norte y Sur. En ellas había un plano de base, o en su defecto, muy cerca al momento de la ocupación, las familias y las autoridades (de manera coordinada o no) cotizaban el área de manera tal que el ancho de las vías y la reserva de espacios vacíos estaban de acuerdo al Reglamento de Urbanizaciones. Los lotes así producidos tenían forma regular y del mismo tamaño y las familias estaban asentadas en un terreno sin ningún equipamiento, pero con forma y dimensiones apropiadas para una posterior ocupación. Aún si se trataba de una invasión de terrenos eriazos de incierta propiedad, las familias sabían que uno de los requisitos para obtener  el reconocimiento de la ocupación consistía en presentar un plano del asentamiento que esté de acuerdo a las normas de la ley. Por eso, en los años sesenta se afirmaba que las familias “invadían con el plano”, lo cual, siendo una exageración, es revelador de orden urbanístico que imperaba en las urbanizaciones “espontáneas” o informales de los años sesenta o setenta«

Formalización de la propiedad y mejoramiento de barrios. Bien legal, bien marginal.

Es decir, pese a que las remodelaciones prometidas finalmente no se llevarían a cabo, el requisito de presentar un plano adecuado a los estándares urbanísticos oficiales produjo, de acuerdo a tiempos y posibilidades de los pobladores, barriadas más ordenadas. Un «orden urbanístico» que por razones ideológicas tiende a desaparecer de la imagen convencional que se tiene de la Lima popular, lo que tiene en la base un desconocimiento (no siempre inocente) de los distintos períodos y calidades de esta forma urbana dominante en el Perú.

Finalmente, mientras que los estándares del «saneamiento físico» impuestos por la Ley 13517 produjeron digamos por defecto (la virtud de) una mejor calidad espacial y una base para el posterior desarrollo habitacional, el saneamiento legal tenía dos dimensiones: la primera, el reconocimiento de los barrios marginales en su estatus de urbanizaciones (una demanda de los pobladores de las barriadas de la explosión de los cincuenta), la segunda, que una vez concluida la mejora física y el reconocimiento legal, «todo aquel que viva allí, por el mero hecho de vivir allí y no tener otra propiedad en la misma ciudad, recibirá un título de propiedad» (Riofrío, Notas sobre el problema habitacional en El otro sendero).

Esta observación de Riofrío, que en respuesta a De Soto incide en la secuencia temporal de la titulación, es clave. Para la Ley 13517 la titulación (la condición de propietario individual) llegará como colofón del proceso de acondicionamiento del barrio. De este modo, se podría decir que el título de propiedad como horizonte legal establecido en la Ley 13517 pudo actuar como un incentivo para el acondicionamiento urbano y a la vez el compromiso con el acondicionamiento urbano como contrapeso de la situación ilegal o a-legal que está en el punto de partida del asentamiento. Ramirez y Riofrío sostienen que:

«En el proceso peruano se empezaba con la acción legal y se terminaba también con lo legal. En el inicio se determinaba la legalidad de la ocupación del terreno de toda la urbanización (el reconocimiento legal). Un plano perimétrico de todo el lugar que sería proceso de la nueva urbanización y la lista de personas que lo ocupaban (el famoso padrón de pobladores) fueron suficientes para obtener el reconocimiento. Luego empezaban las acciones de lotización y de desarrollo del lugar. Venían las escuelas, pistas, electricidad, agua, saneamiento y demás. Cuando esto estuvo muy adelantado y como culminación del proceso, se entregan los títulos de propiedad individuales sobre el lote que se posee. La teoría decía que con la entrega de los títulos de propiedad definitivos – que sustituía a los certificados de posesión existentes hasta el momento- el proceso terminaba, pero esto no ha sido así, ya que siempre han quedado asuntos por resolver en el proveso de mejoramiento, como lo son el pavimento de la totalidad de las vías, convertir los espacios vacíos en parques y jardines y por cierto, mejorar la vivienda»

Formalización de la propiedad y mejoramiento de barrios. Bien legal, bien marginal.

Por el contrario, los programas de regularización de la propiedad que se pusieron en marcha a partir de 1996 con la creación de COFOPRI, redujeron el saneamiento a su dimensión legal («formalización de la propiedad informal»), invirtiendo en la práctica la secuencia. Los supuestos de la regularización de la propiedad contrastan fuertemente con las bases del proceso de acondicionamiento y mejoramiento barrial que se practicó al amparo de la Ley 13517. Veamos:

• «Los títulos otorgados por los procedimientos vigentes han carecido del valor suficientes para movilizar créditos e inversiones en servicios básicos sostenibles».
• «La mayoría de los peruanos al no contar con un acceso legal efectivo a la propiedad predial recurre al acceso extralegal, como la invasión, atentando contra la seguridad de los pocos que han logrado registrar su propiedad y propiciando la apropiación ilícita de los servicios básicas, sobre todo luz y agua».
• Los procedimientos vigentes que debe cumplir esta mayoría de peruanos para titular y registrar sus activos constituyen un régimen discriminatorio que los obliga a perder muchos años en trámites y realizar un cuantioso gasto».
• «Sin acceso a la formalización de sus activos principales la mayoría de los peruanos no puede beneficiarse plenamente de la nueva política económica, que incluye estabilización de la moneda y privatización».

Estos supuestos dominan hasta hoy la mirada estatal sobre el estatus legal de las ocupaciones urbanas llamadas informales. Figuran en la Ley de promoción del acceso a la propiedad formal de 1996, desglose de la extinción del derecho a la vivienda en la Constitución Política.

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Una breve reconstrucción de los términos del debate parlamentario detrás de la Ley 13517 se encuentra en Abraham Abad, 2019. La Escuela del buen vivir: El problema de la vivienda en Lima y la transformación de hábitos desde el Estado (1950-1961). El caso de Ciudad de Dios. (Tesis). Página 63-71

Coloreando al Amauta

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en Lima Este, ha publicado hoy 16 de octubre de 2020 el registro fotográfico de una actividad de la campaña de recuperación de espacios públicos llamada «Ola Verde», que consistió en el «mantenimiento, limpieza y sembrado en la berma central y calles aledañas» del Paradero 7 de la avenida Wiesse, zona conocida también como «el arco», por la arquería que marca el ingreso al Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui. Allí, sobre la Avenida Wiesse se encuentra el monumento a Mariátegui, objeto de un llamativo repintado.

^{Octubre 2020. Tomado de la web de la Municipalidad de SJL}

La pieza tiene en este lugar casi dos décadas. traído desde su emplazamiento original en el ingreso al distrito. De acuerdo a Manuel Flores Calderón el traslado efectuado durante la gestión de Ricardo Chiroque (1999-2001), tuvo » motivaciones políticas». En una nota del diario El Peruano de 2017 se comentan así los cambios de lugar de la escultura:

«Quien pagó los platos rotos de las pasiones políticas de derecha e izquierda fue la escultura de seis metros de José Carlos Mariátegui (1994). Su enorme imagen metálica, construida durante la gestión del desaparecido alcalde Óscar Venegas Aramburú, daba la bienvenida al distrito en el cruce exacto de las avenidas Próceres de la Independencia con Malecón Checa (donde hoy hay un semáforo y un óvalo). Seis años después, y tras varios y penosos traslados, llegó a la entrada del AA. HH. Mariátegui, desde donde saluda con los Siete ensayos bajo el brazo». (El oro de San Juan, Diario El Peruano, 2017)

El monumento es un homenaje del distrito al Amauta, realizado como parte de las conmemoraciones por el centenario de su nacimiento, en 1994. Julio Antón, autor de la publicación «San Juan de Lurigancho en imágenes» indica que la escultura fue realizada por el artista Victor Luján por encargo del alcalde Óscar Venegas Aramburú (que fue electo dos veces , una por Izquierda Unida en 1984, otra por el Movimiento Obras en 1993). Así figura la autoría de la pieza en el índice de la Edición Conmemorativa del Centenario de Mariátegui:

El monumento fue inaugurado el 16 de abril de 1994. El boletín “Mariátegui Cien Años” recoge parte del discurso del alcalde Venegas y cita textualmente las palabras de Sandro Mariátegui al cierre de la ceremonia pública:

^{Boletín Mariátegui Cien Años Nº9. Recuperado gracias a HigherIntellect
El texto completo aquí}

Imágenes publicadas por la Municipalidad de SJL y usuarios de plataformas como google maps y facebook (incluida una imagen de la cuenta «Esculturas Víctor Lujan») nos permiten apreciar los cambios que ha sufrido este monumento en los últimos años, del oscuro monócromo, al azul eléctrico, pasando por el dorado-cobrizo que en Lima tanto apasiona a «la banda de los ediles».

El tratamiento de la superficie ha producido una transformación estética de la pieza, más acentuada en el paso del dorado al coloreado. El asunto va más allá de la validez del uso del color en un monumento originalmente monocromo. Nuestro país tiene una cierta tradición de estatuas polícromas de carácter monumental, por lo general (pero no únicamente) de tipo figurativo, de «tamaño natural». Aparte de la diferencia de escala, el tosco mantenimiento que en los últimos años ha recibido la estatua de Mariátegui no parece asimilable a esta tradición. Simplemente se están superponiendo capas de material de color que pronto terminan cuarteadas y desprendidas. El desgaste es evidente en un par de meses, por la escasa resistencia del material superficial al acumulado interior y a las condiciones ambientales. Más que una propuesta estética podría decirse que es una mala costumbre municipal. Sería bastante injusto asimilar esta transformación involuntaria de los valores estéticos de la obra de Luján con la concepción y ejecución de representaciones polícromas, como por ejemplo las dedicadas a Flor Pucarina en su tierra natal, o el monumento al Danzante de tijeras en Tayacaja. Aquí las muestras:

Fotos de 2011

Y en este informe de 2017 del Instituto del Perú pueden encontrarse varios otros ejemplos de uso de color en estatuas y monumentos públicos.

Esculturas, estatuas y monumentos no solo las hay de muchos colores, sino de muchos tipos en términos del propósito de erigirlos, el lugar del emplazamiento, la calidad de su ejecución, lo sofisticado o ingenuo de su concepción, etcétera. Lo que conmemoramos e inscribimos en el espacio público es finalmente fruto de una disputa constante, siempre el resultado provisional de valores en competencia*. Es el caso del limeño memorial a Mariátegui, que pasó de anunciar el ingreso al distrito a ser llevado a un lugar menos protagónico para la identidad distrital, durante un gobierno que jugó todas sus cartas a una Pacificación que debía cortar el paso a cualquier atisbo de tradiciones críticas.

Además de las «motivaciones políticas» ya citadas tras la decisión de su emplazamiento actual, hay varias otras dimensiones en las que el devenir del monumento al Amauta da cuenta de valores en disputa en nuestras sociedad. Su ubicación por ejemplo indica el corte de la posibilidad de su identidad con el distrito, al ser desplazado del lugar de bienvenida a San Juan de Lurigancho, y la consecuente circunscripción de esa identidad a solo uno de sus pueblos (asentamientos humanos), uno fundado durante la administración de un alcalde de izquierda que fue uno de las pocas autoridades de la capital en proponerse la acogida de los desplazados del conflicto armado interno que a mediados de los ochenta llegaban a refugiarse en su distrito:

^{Fuente: Comisión de la Verdad. Los escenarios de la violencia, la Región Lima Metropolitana. P. 433}

Otra dimensión de valores en disputa, más actual digamos, concierne a los bienes y recursos públicos. Por ejemplo: ¿cuenta la Municipalidad de San Juan de Lurigancho con algún programa de mantenimiento de su patrimonio monumental? ¿es válido intervenir un monumento sin distinguirlo de un operativo de jardinería y pintado de sardineles, sin la participación de especialistas que indiquen los mejores procedimientos y materiales? ¿es válido que la intervención municipal enunciada como «mantenimiento» o «recuperación» produzca activamente el deterioro de un bien público? ¿es válido que la intervención municipal -reivindique o no la policromía- altere la fisonomía del personaje propuesta en la escultura original? la inversión -pequeña o grande- realizada en el repintado de monumentos ¿no debería estar respaldada en una evaluación del material y procedimiento más óptimo, considerando el tipo de superficie y las condiciones ambientales? Sin esta evaluación técnica sobre materiales y colores, ¿no sería un poco conchudín hablar de intención estética y policromía?

A continuación, la secuencia de imágenes del monumento y su entorno.

Julio 2020

_{^{Julio 2020. Fotografía tomada durante un recorrido del alcalde de San Juan de Lurigancho (de espaldas en la imagen)
FB Municipalidad de San Juan de Lurigancho}}

Enero 2020

^{Picassa/ Roger Portocarrero Herrera, imagen cargada en enero 2020.}

Año 2019, octubre

^{Captura. Reportaje a Víctor Luján por Municipalidad de SJL, publicado en Octubre de 2019}

Año 2019, abril

^{Abril de 2019. Usuario Ángel Maldonado. Picassa- google maps}

Año 2018

^{Noviembre de 2018. Usuario Ángel Maldonado. PIcassa- google maps}

Año 2017

^{El autor y su obra, en dorado. Tomada del FB Esculturas Víctor Luján, publicada en 2018.}

Año 2014

^{FB AAHH José Carlos Mariátegui}

2013

^{Captura de Google Maps}

Año 2006

^{Captura del video Recorrido por San Juan de Lurigancho año 2006. Canal YT sjl.pe}

^{Fotografía de la creación de la escultura, capturada en el video del reportaje a Víctor Luján
preparado por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho}

(*) Este 12 de octubre las efigies de Colón en el mundo fueron motivo de encendidos debates, precedidos por semanas de acciones contra monumentos dedicados a «colonizadores» y «descubridores» señalados hoy con justicia como saqueadores y opresores. Parecido ocurre desde hace unos meses con los monumentos a los héroes blancos confederados en el contexto de BLM o hace unos años con las de jueces defensores de la esclavitud en Estados Unidos, como Taney, removido bajo presión por las autoridades de Virginia, tras el atentado de Charlottesville. El asunto de la vandalización de monumentos en el contexto de protesta social ha estado sobre el tapete en América Latina, en particular en México con el movimiento de mujeres y en Chile con el «estallido social» iniciado por los estudiantes secundarios y que ha alcanzado el siguiente nivel al celebrar su primer aniversario con el pintado del monumento a Baquedano).

ActivaClub y Estadio Baylón ¿Saben esto los promotores de Asociaciones Público Privadas?

«¿Saben ustedes que los mecanismos usados en el mundo para la transformación de esos espacios en centros de actividad social fueron alianzas público-privadas (APP), obras por activos, obras por impuestos y, en algunos casos, hubo un cofinanciamiento por la municipalidad a cambio del uso de la sede para actividades de la misma?»

Esta es una de las preguntas que hace José Luis Guasch en una columna publicada en El Comercio, titulada «¿Saben esto las municipalidades? (26.04.2019). Guasch es ex Jefe de la Unidad de expertos globales en APP del Banco Mundial.

Sobre la bondad de este mecanismo, cita un ejemplo peruano, limeño, de Lima Norte:

«Ya existe un proyecto referencial, llamado ActivaClub, en un área de 25 mil m2 en el distrito de Independencia y que tiene un gran impacto social (…) La iniciativa fue desarrollada como una APP autosostenible, que no le ha costado nada a la municipalidad y que está recibiendo pagos anuales del concesionario más impuestos y arbitrios por montos que superan los S/200 mil»

Guasch se refiere al nombre comercial ahora adquirido por lo que fue el Estadio Sandro Baylón de Payet, Tupac Amaru, Independencia. Se refiere, quizá sin saberlo, a la transformación de un estadio municipal en un terreno público, en un club de funcionamiento privado sobre un terreno público. Veamos la historia.

De «estadio municipal Sandro Baylón» a «ActivaClub»

ActivaClub se ubica sobre un terreno de propiedad municipal de 24,981,26 m2 (aunque de acuerdo a un expediente municipal, el complejo originalmente tiene un área de 28,864 m2). Su origen es el aporte de la Urbanización Tahuantinsuyo N° 196.

El terreno había sido progresivamente habilitado como cancha reglamentaria de fútbol, con miras a la construcción de un estadio- complejo deportivo municipal, en el que se llevaban ya a cabo eventos deportivos de la Liga de Fútbol de Independencia.

En marzo de 2014, la Municipalidad de Independencia lo dio en concesión por 24 años a la empresa Goal Proyectos Deportivos y Recreacionales S.A.C., a cambio de un pago mensual de 8 mil soles y el 10% de las utilidades del alquiler de las canchas de grass sintético.

Sí, la explotación comercial de un terreno de casi 25 mil metros cuadrados por 8 mil soles mensuales. Además de este tremendamente ventajoso acuerdo para GOAL, irregularidades en cómo se otorgó el contrato de concesión fueron insistentemente señaladas por vecinos y vecinas de Payet. Un resumen del caso fue preparado por el periodista y activista por el espacio público, Luis Enrique Pinto.

Algo que llama la atención en el contrato es que el Concesionario, la empresa GOAL figura como dueña de la infraestructura que construya sobre el terreno.

La publicidad del proyecto en la web municipal indica que «el 100% del inmueble pasará como activo fijo del Gobierno Municipal del pueblo de Independencia«. Pero una cosa es la publicidad y otra el contrato (Ver Contrato aquí )

¿Interés público o interés privado?

Un proyecto elaborado por la Municipalidad el año 2010 indica que a esa fecha se contaba con un campo de fútbol, un módulo de camerinos y servicios higiénicos en mal estado, una tribuna de material noble de seis graderías, 2 losas deportivas para fulbito,vóley y básquet (en mal estado) y ambientes administrativos y para capacitación (en desuso).

Ese proyecto, titulado “Complejo Deportivo Sandro Baylón“ (marzo 2010) también indica que la Municipalidad tenía interés en remozar el estadio y completar la infraestructura por un costo de S/ 5, 081, 927 soles, conservando la cancha reglamentaria y agregando piscinas, una concha acústica y otras áreas.

Pese a contar con un proyecto propio, en 2013, la Municipalidad declaró de interés una propuesta de iniciativa privada para la misma infraestructura, esta vez bajo el nombre «Mejoramiento de la Educación, Deportes, Recreación y Desarrollo Económico Local en el distrito de Independencia», con un presupuesto de S/. 8´371,961 (luego, un informe pericial habría determinado que el costo fue de S/. 9,298,023.05, y ampliado luego a un plus de S/. 2,646,858.62). La ampliación del informe pericial elaborado en 2018 encontró más que un notorio aumento de la inversión:

Este proyecto sin expediente técnico, sin planos firmados y sin plan presupuestal, supuso un “replanteo de la cancha de fútbol sobre la cual se generarían cuatro nuevas canchas de fulbito con grass sintético y dos polideportivas. La tribuna existente sería reacondicionada y se prepararía para la celebración de eventos a manera de escenario”. También que: “sobre el área junto al campo de fútbol, ocupada actualmente por una losa deportiva, se construiría una amplia piscina recreativa para niños y adultos”. Además de las canchas de grass sintético (7-7 y 11-11) hay otros servicios, aunque se publicitan en la cuenta de Facebook de «Activa Club» como “exclusivos para socios” (sala de estimulación para niños), “exclusivo para miembros” (gimnasio).

Resumen:

1. La Municipalidad aceptó una iniciativa de inversión privada sobre un terreno público y la puso en práctica mediante un contrato de concesión por 24 años, cumplidos los cuales no es dueña de la infraestructura allí construida.
2. La Municipalidad destinó tiempo y funcionarios (recursos) a elaborar un proyecto de inversión pública por 5 millones de soles para habilitar un Complejo Deportivo con cancha reglamentaria de fútbol. Solo tres años después, a un capitalista privado con 8 millones e interés de invertir, se le acepta un proyecto en el que no habrá cancha reglamentaria (en vez de ello, cuatro sintéticas de fulbito) y que no deja en propiedad lo que construya (que bien visto, no es mucho, pues la renta está en alquilar el espacio mismo, más que tener una fábrica sofisticada o dar servicios complejos que el estado no podría dar).
3. No se desarrolla una infraestructura de Complejo Deportivo, tal como estaba pensada por la Municipalidad (nadie financió el PIP). Tampoco se cuenta, ni se contará, al cabo de 24 años, con un estadio municipal, tal como soñaban los vecinos (varones) de la Liga Distrital de Futbol.
4. Por 24 años, la empresa Goal está habilitada para extraer toda la renta posible del alquiler de al menos 4 canchas sintéticas, en un contexto de “club”, en el que se pueden adquirir membresías personales y familiares y alquilar espacios para eventos privados.
5. En el barrio se ha instalado un “club”, lo que quizá tenga impacto positivo en la percepción de estatus y seguridad de la zona. Al menos eso pueden argumentar los promotores de la inversión privada.
6. Un “club” alude a la idea de membresía, todo lo contrario a un espacio público y bastante diferente al usuario de un servicio público (que es lo que debió habilitar la inversión privada mediante la modalidad de APP). De acuerdo a la página en Facebook de ActivaClub, se indican usos “exclusivos” y se diferencian tarifas para “miembros”
7. La aparición de un club, eventualmente, puede generar variaciones en el precio/alquiler del suelo en el entorno, pero no para GOAL, que se aseguró con 8 mil soles mensuales por 25 mil m2.
8. El distrito ha perdido un espacio de práctica deportiva popular (una sede del interbarrios) y con potencial de identidad local (“Estadio Sandro Baylón”, dedicado a un futbolista del barrio). Es decir, se ha perdido espacio público (deporte + identidad local)

¿Saben esto los promotores de las Asociaciones Público Privadas?. Claro que lo saben.

Un ex funcionario del Banco Mundial considera que este es un ejemplo acerca de cómo “convertir espacios públicos en plataformas de transformación social”. Cita de manera ambigua (¿se refiere a este caso?) resultados “extraordinarios” como “reducción de la criminalidad, el vandalismo y el consumo de drogas”, típicos de la retórica del BM (y de las campañas ochenteras de “un deportista más es un drogadicto menos”)

Guasch señala que esquemas de este tipo fomentan “alta participación de los jóvenes (hombres y mujeres) en programas deportivos, se observa un incremento sustancial de autoestima en la comunidad, se registran menores ausencias y un mejor desempeño en las escuelas, una mayor interacción social de la comunidad, etc”. Además pone como indicador positivo que la Municipalidad de Independencia “está recibiendo pagos anuales del concesionario más impuestos y arbitrios por montos que superan los S/200 mil”. Sería un verdadero escándalo que un club tan próspero no pague arbitrios ni impuestos.

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Un video promocional de la concesión del Estadio Sandro Baylón, publicado por la Municipalidad de Independencia, puede verse aquí

Página web de ActivaClub

Declaratoria de interés, aquí

Plano de zonificación de Independencia, ver aquí

No era un terreno «no usado» ni «mal usado». En esta entrevista de 2012 a Evans Sifuentes, el alcalde en cuya gestión se otorga la concesión señala tres puntos importantes: 1) La Municipalidad había invertido al menos medio millón de soles en la habilitación del Estadio; 2) El Estadio es un espacio emblemático que lleva años «muchos años de existencia»; 3) Tuvo un conflicto con Asincudeta, la Asociación de Instituciones Culturales y Deportivas de Tupac Amaru  a raíz de la inscripción del predio a nombre de la Municipalidad. Visto desde ahora, la formalización de la propiedad del predio podría hacer sido un primer paso para cumplir los requerimientos de una eventual concesión (propiedad legalmente saneada).

Situación del «Estadio Baylón» en 2010:

Situación del estadio en 2013, durante las protestas por su concesión:

Reportaje sobre la “remodelación del estadio” Sandro Baylón

Privatización del estadio Baylón, privación de la cancha para los niños del barrio y falta de estadios para el campeonato interbarrios, en reportaje transmitido el 21/05/2018 en Buenos Días Perú, Panamericana Televisión (minuto 3:40)

La destrucción en Lima

(Sobre «La margen habitada. Arquitectura testimonial. Márgenes del Río Rímac 2013-2016», de Analucía Riveros Caytuiro)

En la Lima que emerge tras el sismo refundacional de 1940, todo ha sido ocupar y edificar. Construir. Tras décadas de práctica, se volvió una fuerza inercial. Construir se asoció a progresar. Se volvió una identidad ciudadana. Un propósito familiar. Un objeto de estudio. Un modelo de desarrollo. Un motivo de agitación. Una promesa política. La sólida base material de todos los populismos. La pista, la vereda, la losa deportiva, la escuela y la posta médica, el segundo piso y la escalera exterior en la ciudad de fines del siglo xx; la escalera vecinal y el muro de contención en la de inicios del siglo xxi. Hubo y hay gran Interés por la Construcción. Por cuánto cemento se vende cada año y por cuántos puestos de trabajo puede pagar una obra. Decir boom de la construcción tiene algo de entusiasta, aunque se dijera para criticar sus excesos o carencias.

La Destrucción, por el contrario, no tiene ni puede tener esa clase de atractivo. Naturalmente, hay algo de indecente en ella. La guerra, además, aportó con contundencia a su desprestigio. No pocas comisarías, un par de edificios de vivienda, alguna estación de televisión, entre otras edificaciones reducidas a punta de anfo reforzaron su mala imagen. En tiempos más recientes, en una ciudad en la que el movimiento de expansión se ralentiza y el de relleno se acelera, el protagonismo de la Destrucción siempre se mueve en las coordenadas del malestar, incluso cuando queda claro que su presencia es necesaria justamente para abrir paso a la venerada Construcción. Nuevos edificios y más altura o nuevas vías y más conexiones o nuevos espacios y más renta demandan demoliciones, despejes, desalojos y otras movidas destructoras, que deciden la suerte no solo de casonas, caserones, callejones, callejuelas y edificios, sino eventualmente también de huacas, canchas, parques y en realidad de cualquier edificación que obstruya la rentabilidad, la circulación, la fluidez, el consumo.

Así, tenemos ante nosotros dos grandes fuerzas transformando no solo el paisaje, sino la forma de vida, la experiencia humana, la economía de la ciudad y la vocación y escala de sus espacios. De la primera reconocemos a sus actores, a sus defensores, a sus estudiosos y hasta a sus demagogos. De la segunda es poco lo que nos hemos esforzado por conocer, así que estamos dejando de lado preguntas importantes: ¿por qué se destruye?, ¿cuándo vale la pena destruir?, ¿quién decide cuándo y qué se destruye?, ¿quién destruye?, ¿por qué se destruye una vivienda y se conserva otra?,¿por qué se destruye este barrio y no aquel?. En La margen habitada, Analucía Riveros formula con imágenes estas y otras preguntas parecidas, todas ellas relevantes para cualquier toma de posición respecto a la estructura de poder que define la ciudad que habitamos.

Camina el autor por Barrios Altos

¿Qué más contemporáneo que pintar lo que hay a nuestro alrededor?– Enrique Polanco

Usando Pixlr y Giphy hice montajes por pares de cuadros de Enrique Polanco, combinando las series Postales de Lima, Obra reciente y Camina el autor, con las imágenes compartidas por el artista en su cuenta de Facebook, su blog y en la web de la galería Yvonne Sanguinetti.

«Camina el autor», que se exhibió de abril a mayo en Barranco, es la nota más alta en el potente juego de referencias que constituye la obra de Polanco.

El pintor se alude a sí mismo. Interviene su propia escena. Para su versión del edificio El Buque, rompe la quietud del cielo con la luna y el rayo y agrega a la desolada esquina un elenco espectral. Esta vez no hay fantasía, no hay carnaval, solo una decadencia en la que superpone, a la vez que sitúa, a un escalado/miniaturizado/colorido Guaman Poma.

«Camina el autor» no queda en mero préstamo de la quilca autobiográfica del cronista, es la reiteración de la condición de testigo desde la que pinta y es la estrategia discursiva para introducirse en lo pintado. «Poma, que está caminando en todos estos cuadros, soy yo. Así de simple«, ha sentenciado Polanco.

Nefertiti-Guaman Poma (en bazar suelo de la escuela de Bellas Artes)

Camina Polanco, el autor. Camina por los paisajes de su propia obra y camina también por una urbe apolancada en la que los nativos encontrarnos a Lima: El Rímac, El Agustino, La Victoria, Barrios Altos. No es la tentación de lo real. Es que lo real ha sido absorbido. Es un personaje.

quinta heeren/ quinta heeren con ‘loco’

Camina el autor: visita los desvencijados íconos -el edificio El Buque, el mirador de Ingunza- contempla la arquitectura roja, fantástica, vertical; se coloca a cierta distancia de berracos, achorados, maleantes y sicarios y en la convivencia forzada del plano se cuida del contacto con tapadas, nobles y virreyes. La pregunta de Ribeyro sobre la ciudad de Polanco («¿dónde están sus habitantes?») ya ha sido respondida. El caminante evade lo mismo a un arpista de Chambi, iluminado y solitario en la Alameda de los Descalzos, que a su propia creación, la alegórica calavera que desde el díptico dedicado a Heraud vino a parar al terrible Jirón Lucanas.

El Mirador de Ingunza, en el Rímac, viene de regalo en este post

Vuelvo a la afirmación de Polanco: ¿Qué más contemporáneo que pintar lo que hay a nuestro alrededor?. El asunto vibra en las dos recreaciones del devastado jirón Lucanas (Barrios Altos) incluidas en «Camina el autor». Pintura de pintura en la muralización de la cuadra 5 de Lucanas, pintura de pintor en el terreno en escombros que esconde un portal infernal en el que está a punto de fundirse La República. Y en la pintura como en la realidad, por imposición, los temibles «depósitos» barriosaltinos, esas moles de ladrillo y cemento, son ya parte del paisaje, junto a la destrucción que los anuncia.

Más Barrios Altos en LimaMalaLima:

El Buque a pique, Barrios Altos y sus depósitos
Barrios Altos, el valor de la calle
El Buque del Siglo XXI

 

 

 

Mapa de Lima o Mancha de Lima

El mapa de Lima más usado es el mapa de los bordes de sus distritos. Ello supone más de un problema en la representación de datos de la ciudad. Quiero destacar algunos a partir de una infografía elaborada por GeoGraphos en 2012, que muestra de manera muy didáctica el área total distrital de Lima vs el área urbana. Es decir,  el tamaño o superficie de los territorios que llamamos «distritos» vs el área que ocupa la ciudad. Ajá, no es lo mismo.

Esta es una vulgar captura. La infografía completa y los ejercicios topográficos pueden verlos en el enlace a la fuente original: Geographos

Es muy común, por ejemplo, que la prensa generalista represente datos de la ciudad de Lima (estadísticas o incluso resultados electorales) usando como referencia el mapa de distritos. Colorear los distritos para asignarles la representación de un dato es el primer reflejo de todos los que quieren presentar una «figura» que «explique» o «muestre» determinada realidad. Y eso muchas veces entrega una imagen equívoca del tamaño, proporción o distribución de dato a representar.

Un problema común es representar densidad. La densidad poblacional, un dato genérico, puede enriquecerse si pensamos que el área no ocupada y no urbanizada de varios distritos es superior o muy importante en proporción frente a su área ocupada. Pensemos en las líneas de cumbres y en los cerros, particularmente aquellos que no están dentro de la trama o continuo urbano. Entre la lista de los diez distritos más densamente poblados (Nº de habitantes vs superficie distrital) y la lista de los diez distritos que concentran mayor área urbana solo hay una coincidencia: San Martín de Porras.

Si representamos la densidad con el mapa de bordes distritales, Miraflores y San Juan de Lurigancho aparecerán en el mismo rango de color, al tener una densidad similar. Pero la densidad de Miraflores se ha medido contra un distrito de aprox. 10km2 de territorio urbanizado, mientras que la de SJL se ha medido contra 131 km2, de los cuales solo 65km aprox. están urbanizados. Si se midiera en «igualdad» (solo contra el territorio urbanizado de ambos distritos), tendríamos una imagen muy distinta de la calidad del espacio. Y San Juan de Lurigancho aparecería en nuestro mapa con otro color.

Otro asunto es la densidad de los servicios y los equipamientos. Debería medirse tanto contra cantidad de habitantes, como contra el área urbanizada (no solo contra el área total de un distrito). De otro modo, tener como único dato las jurisdicciones llamadas «distrito» hace aparecer como «equivalentes» distritos totalmente urbanizados y distritos con grandes áreas no urbanizadas (y no urbanizables). No es un problema de datos inexactos sino de la representación de esos datos. Por ejemplo, presentar la densidad de cámaras de videovigilancia: si se trata de un distrito urbanizado, la medida toma como base el área total del distrito:

Miraflores = 256 cámaras para 9.62 km2
San Isidro = 152 cámaras para 11.1 km2
Mi Perú =   50 cámaras para 2.4 km2
(ver los datos en las páginas 120 y 121 de este reporte de IDL al 2015)

Pero si quiero ilustrar la distribución de las 34 cámaras existentes en Villa María del Triunfo, no me conviene medirla contra el área total del distrito (poco más de 70km2), sino contra su área urbana (30 km2 aprox.). De cualquier modo, densidad no es lo mismo que cobertura, al menos no para un análisis de alcance de las cámaras (que suelen estar concentradas en áreas específicas o «puntos calientes») . Recuerden que estamos hablando de representaciones generales, no de mediciones finas (como las mediciones de densidad neta o densidad bruta que se emplean para determinar la zonificación y los usos de suelo).

Yo usé un mapa de bordes distritales sin mancha urbana al ilustrar la distribución de cámaras de videovigilancia en Lima Metropolitana (2011). Aquí mi «error» de usar un Lima-Mapa:

Pero me reivindiqué al año siguiente cuando ilustré la conformación de áreas interdistritales vista desde la administración de los servicios de educación y salud (no estaba viendo densidad, sólo reparto administrativo). Aquí mi Lima-Mancha:

Moraleja: Un mapa de distritos que siempre incluya la mancha urbana, ganará fuerza explicativa frente a otro que solo use los bordes distritales. Más aún en una ciudad como la nuestra, en la que las jurisdicciones (administración/territorio) responden menos a planificación o algún otro criterio «legible» uniforme y más a equilibrios de poder y extracción de renta.

Una exploración sobre mediciones de densidad, justamente para señalar las limitaciones de la medición «población vs área administrativa» (donde el área administrativa es estática) y resaltar los valores de la medición «población vs área poblada» (donde el área poblada es dinámica), pueden encontrarla en el blog Lugares Comunes: ‘Lima es una ciudad poco densa’.

Imagen de cabecera: Mapa base de Lima (que se puede descargar en el blog inte_arquitectura del arquitecto Carlos Morales)

Barrios Altos y El Buque del Siglo XXI

esquina de jirones Junín y Cangallo, en Barrios Altos- google earth

Dos Barcos Conversan. El Buque, arquitectura del s xix vs arquitectura del s xxi

el buque, el edificio más [ ] de barrios altos

Información sobre este caso:

El Buque a pique- Barrios Altos y sus depósitos

Barrios Altos, el valor de la calle

 

San Juan de Lurigancho: Hospital vs. Complejo Deportivo Monteverde

Hace más de diez años los vecinos y dirigentes de la UPIS Huáscar en San Juan de Lurigancho gestionan la formalización de un terreno para la construcción de un Hospital. El terreno, contiguo al Centro de Salud Huáscar y al Colegio Bolognesi, ubicados entre los Paraderos 11 y 12 de la Av. Canto Grande, es este:

«ya no». ver ubicación en maps, clic aquí

El proceso de formalización de los terrenos que ocupa la UPIS Huáscar ha sido largo y muy complejo (más de 25 años de juicio por la expropiación de terrenos a la Cooperativa de Vivienda Canto Grande Lmtda), pero lo que concierne al caso de Hospital está resumido en esta nota de prensa de junio de 2013:

El Área del terreno afectado en uso por el Ministerio de Vivienda a favor del Hospital San Juan de Lurigancho, mediante Resolución Suprema Nº 208-77/VC-4400, de fecha 06 de setiembre de 1977, fue de 10,500 M2., a los que agregados los 10,000 M2. asignados por la UPIS Huáscar por acuerdo de Asamblea General del 11 de abril del 2003, ratificada por Asambleas de Delegados de fechas 08 de junio del 2007 y 04 de junio de 2013, hacen un total de 20,500 M2, con los que contamos para hacer realidad el añejo anhelo del Hospital Nivel III-1 para el distrito más poblado del Perú y de América del Sur, San Juan de Lurigancho. (Ver nota completa aquí)

Hasta inicios de este año todo caminaba y el proyecto contaba con la anuencia de vecinos, la Municipalidad Distrital y el Ministerio de Salud, como podemos ver en este reporte del noticiero Noticias SJL- Canal Municipal, de enero de 2016 :

Pero las autoridades han cambiado de opinión y han decidido que el hospital ya no se construirá en Huáscar, sino en el barrio Enrique Montenegro, al final de la Av. Wiesse. Y no sobre un terreno destinado a Hospital, sino allí donde ahora mismo se encuentra un complejo recreativo y deportivo en pleno funcionamiento. El Complejo Deportivo Monteverde, aquí:

Complejo Deportivo Monteverde. Foto del Facebook de Maribel Elizabeth, de la Junta Juvenil en Defensa de Monteverde

Para ir resumiendo: se ha decidido quitarle el Hospital a un barrio que sí lo quiere y lo tenía planificado, para dárselo a otros vecinos a quienes tendrían que quitarles el complejo deportivo en el que han invertido varios años de trabajo comunitario y varios proyectos de presupuesto participativo.

El terreno en el que funciona el Complejo Deportivo Monteverde fue siempre reservado para uso comunitario y desde mediados de los 90 la comunidad ha trabajado en su habilitación, recurriendo a varios programas de inversión municipales y del Ministerio de Vivienda para implementar el equipamiento recreativo y deportivo. Ahora el Estado les dice que todo ese esfuerzo e inversión conjunta ya fue. Lo reseña este video, estrenado esta semana por la Junta Juvenil en Defensa de Monteverde, que ha trabajado con material de archivo vecinal para proponer la defensa del espacio público a partir de su historia.

Los partidarios de la idea del alcalde han tratado de presentar a la comunidad de Montenegro simplemente como vecinos que se oponen al Hospital. Porque sí. El propio alcalde ha aparecido este año en un plantón en el que se levantaban pancartas con lemas como «la salud es lo primero» y ofreciendo a los afectados construir otras losas y otra cancha, como si de eso se tratara todo. También se ha dicho que la oposición en este punto al alcalde Navarro (Alianza para el Progreso- Acuña) responde a seguidores de los ex alcaldes e influyentes políticos locales Chiroque y Burgos. Si bien muchos vecinos reividican las obras de Burgos en Monteverde, la protesta no necesita ese combustible. La causa es objetiva: se va a perder un espacio de recreación y deporte para construir ahí un Hospital que ya tenía un terreno adjudicado.

Pero ni los vecinos de Huáscar ni los de Montenegro se han quedado quietos. Ambas comunidades se están movilizando y se han hecho visitas una a la otra para buscar soluciones conjuntas al cambio de decisión del alcalde.

“Es falso que nos opongamos a la construcción del hospital. Queremos que se construya, pero donde corresponda sin afectar las áreas verdes de los vecinos”, ha declarado uno de los dirigentes de Montenegro a la prensa. Y no se trata solo de áreas verdes. Monteverde cuenta con un campo deportivo, juegos infantiles, un par de canchas sintéticas, etc. Ahora mismo no se encuentra en el mejor estado (los vecinos denuncian «abandono» municipal), pero tiene un uso intensivo: escolares en actividad deportiva, academias de fútbol, de karate, grupos de danza, equipos de vóley, vuelo de cometa y también familias que simplemente van a pasar el rato. La Municipalidad cobra 0.50 por el ingreso y al interior funcionan varios negocios privados, se entiende que concesionados por la Municipalidad (quioscos y juegos para niños, como toboganes inflables y camas elásticas).

Los vecinos denuncian que la Municipalidad «ha renunciado» al terreno mediante un acuerdo de concejo (que como se imaginarán, no está en línea, pues el portal municipal solo tiene información hasta 2015), y recogen un rumor: sobre el terreno que originalmente estaba destinado al Hospital, en Huáscar, pesan intereses comerciales.

El papel de la Municipalidad de SJL está resumido en la exposición de motivos de un proyecto de ley presentado en agosto por la bancada del Frente Amplio:

La situación actual:

De acuerdo a un funcionario municipal citado por Diario Uno, el terreno nunca perteneció a la Municipalidad, aunque actualmente es la Municipalidad la que administra los servicios. Y cobra por ellos hasta hoy (aunque pruebas documentarias de los cobros solo hay disponibles en línea hasta 2014):

Según el mismo funcionario citado por Diario Uno, la Superintendencia de Bienes Nacionales concedió el terreno al Ministerio de Salud. ¿Qué tiene para decir la Ministra de Salud a San Juan de Lurigancho sobre el esperado nuevo Hospital y sobre el Complejo Deportivo Monteverde?

Mientras tanto,  con una dirigencia refrescada por la movilización de las jóvenes (sí, son básicamente mujeres) de la comunidad, se ha lanzado la campaña «Ni una planta menos»:

New Life Independencia: iniciativa privada contra el espacio público

Los promotores del «menos Estado» utilizan varios argumentos razonables a favor de la inversión privada sobre bienes y servicios públicos: que como país con déficit de infraestructura y cobertura de servicios, necesitamos mecanismos para cerrar la brecha, mejor si con participación de capital privado; que el Estado es lento en sus procesos de inversión e indolente en su rol de proveedor de servicios, cuando no directamente corrupto, a diferencia del privado, que sabe gastar rápido, bien y sin robar. Idealmente, el sector privado puede invertir en aquello que el Estado ha definido como prioridad de inversión. Y como en el neoliberalismo el Estado puede ser siempre más generoso, aquí la interpretación auténtica de cualquier mecanismo de inversión privada en el ámbito público es que el Estado facilita las condiciones para la inversión privada y el objeto de ello («crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos») pasa a segundo plano. Las prioridades las define el privado. En la fase agresiva del neoliberalismo en nuestro país, tuvimos un shock de privatizaciones. En la actual fase soft, tenemos las asociaciones público-privadas, y mecanismos particulares en ese marco, como las Iniciativas Privadas.

Veamos un caso práctico. La Municipalidad de Independencia, en Lima Norte, promueve actualmente la Iniciativa Privada «New Life Independencia», iniciativa de las empresas Grupo Lar SAC (capitales de origen español) y 3BL. La idea es que la Municipalidad cede a la empresa terrenos de vocación, zonificación y uso público para que allí se edifiquen establecimientos comerciales y edificios residenciales (vivienda). Se pretende hacer a costa de la Alameda Los Incas. Los documentos de la Municipalidad pueden consultarse aquí y aquí. Y el video del proyecto a continuación:

La Alameda Los Incas está definida como Zona de Recreación Pública (ordenanza 1253 de 2009). Y en los hechos lo es. Pero el proyecto New Life Independencia se presenta como si la infraestructura de uso público (áreas verdes, mobiliario, equipamiento) fuera una novedad que agradecerle a sus capitales («es importante remarcar que el acceso será gratuito» nos dice la voz en off del spot promocional).

«Canchas de uso múltiple» promete New Life Independencia. Lo que vemos es un parqueo vehicular con cancha de básquet (captura de video)

La infraestructura anunciada en el spot (áreas verdes, rampa para skaters) ya existe y se puede usar sin coste. Y quienes la usan no están de acuerdo con las intenciones de la Municipalidad. Lo que ha estado ocurriendo, denuncian, es el gradual deterioro y falta de mantenimiento, preámbulo evidente de su destrucción y posterior reconversión en el espacio privatizado y securitizado que publicita New Life Independencia.

El Grupo Lar, capitalista de New Life Independencia, quiere construir un skate park… donde ya existe un skate park (Foto: Facebook de Luis Fernando/ Álbum «IndeParkdencia No se vende!»

Tanto los vecinos de la zona próxima al proyecto, como usuarios directos del espacio público, como son los skaters, protestan desde hace unos meses contra la usurpación del espacio público que supone New Life Independencia. Un buen resumen del caso puede encontrarse en el blog del Colectivo Ciudadano Tolerancia y Democracia.

En realidad para ellos el equipamiento y mobiliario de uso público (primera etapa del proyecto) no es un servicio público sino el hueso que viene con la carne. Su interés claramente está en la «segunda etapa» del proyecto: una plataforma de establecimientos comerciales y edificios para vivienda… sobre terrenos públicos de uso público. No, la empresa inmobiliaria no va a comprar terrenos para desarrollar un proyecto comercial, lucrativo, como hacen las empresas que quieren ganar dinero limpiamente. Lo que hace a cambio es presentar una «Iniciativa privada» para que la Municipalidad de Independencia pueda facilitarle ese negocio. Ante el malestar vecinal, se ha decidido convocar a una «Consulta» ciudadana. Y la información que la Municipalidad provee para ello es.. un video preparado por la empresa interesada. Una vergüenza.

¿Qué tienen de tan interesantes estos terrenos? Veamos. Aquí abajo, en rojo, el distrito de Independencia. La parte algo más oscura de ese rojo corresponde a la pendiente no ocupada de los cerros y en el extremo izquierdo del rojo, la línea de cumbres. Del otro lado está San Juan de Lurigancho. Este corte nos permite apreciar claramente que Independencia tiene dos áreas. La avenida Tupac Amaru (la línea amarilla fuerte) es el borde: a su derecha, un área de pendientes y cerros (los llamados «ejes zonales» Tupac Amaru, Tahuantinsuyo, Independencia, El Ermitaño, La Unificada) y un área plana (zona industrial). La primera es predominantemente residencial. La segunda, originalmente zona industrial, pasó a comercial desde los noventa, cuando los enormes lotes industriales se reconvirtieron en plataformas comerciales (el más emblemático, MegaPlaza), transformando definitivamente el distrito y la identidad de Lima Norte.

En el plano oficial del distrito esta diferencia también es clara (el plano está «echado»/ izq=N). Los 5 ejes zonales y luego la avenida Túpac Amaru, eje vertebrador y a la vez «frontera» con el área industrial-comercial. Además de la fragmentación de la trama urbana en el área de pendientes, en este plano puede apreciarse claramente el tamaño de los lotes industriales en la parte baja.

En un acercamiento a este mismo plano, pero con la orientación Norte, he marcado con una línea roja la ubicación de la Alameda Los Incas, el espacio público solicitado por capitales privados para el Proyecto New Life Independencia. El corte, en primer lugar, permite apreciar su proximidad a conocidas plataformas comerciales: el corredor Royal Plaza-Mega Plaza y el Plaza Vea-Metro de la Avenida Izaguirre. Luego, permite ver que New Life Independencia se ubicaría en el límite mismo entre el área comercial y el área residencial del distrito. No es exagerado decir que remarcará esa división. Y al reemplazar espacio público por espacio privatizado-de consumo (con su discurso de seguridad, orden y modernidad), cancelará la función de integración de ese espacio.

Aquí abajo va otro acercamiento del terreno solicitado para New Life Independencia. Los recuadros en rojo corresponden a las cuatro secciones de la Alameda, que como señalé líneas arriba, tienen zonificación ZRP (Zona de recreación pública- intangible). Y el área en verde corresponde a la Estación Naranjal, estación terminal del Metropolitano.

Sí, en términos de conexión, la Alameda Los Incas es uno de los terrenos mejor servidos de la ciudad. Y en vez de mejorar su uso para compensar el déficit de espacio público de esta zona de Lima Norte, para integrar mejor el distrito, la Municipalidad ha comprado un discurso de «modernidad» y contempla la posibilidad de entregar el terreno a un privado para que lo explote comercialmente, a cambio de que en una porción de ese espacio se hagan algunas mejoras (que bien pueden hacerse con dinero del estado, o con dinero privado, pero sin necesidad de alterar el carácter público del espacio). El beneficio para el capital privado está ya muy claro. ¿Cuál es el beneficio para la ciudad? Pregunta abierta para el Grupo Lar y para la Municipalidad de Independencia.

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Sobre el «versus» entre el déficit de vivienda y el déficit de espacio público, sugiero ver los comentarios en el post del arquitecto Javier Vera en Facebook.

Sobre la movilización ciudadana para parar el proyecto, sugiero el álbum «IndeParkdencia No se vende!»:

Este micro está «fuera de servicio»

Colección Pisa y Arranca, de Mitocondria

En los 20 segundos que quedan de rojo en el semáforo, corro una cuadra para alcanzar al bus en el paradero de Aviación con San Borja Sur. Cuando llego, la cobradora y el chofer ni me miran. Mientras se agota el tiempo en el semáforo; golpeo la ventana con los nudillos hasta que por fin, la mujer me hace caso:

– ¿Dónde vas?
– ¿Por qué? Voy por tu ruta. Voy a Barranco.
– Hasta Óvalo Higuereta nomás voy.

Ya sé cómo acaba esto. Antes de que arranquen, alcanzo a protestar: la ruta es hasta Chorrillos. Aunque lleva varios pasajeros, la cobradora me responde «la unidad está fuera de servicio». Pasarán al menos quince minutos hasta que consiga un bus a Barranco.

SO35: la tremenda ruta (buscaturuta.com.mx/pe/lima/ruta-SO35)

La SO-35 es una ruta larguísima: Carabayllo-Chorrillos. Está considerada como uno de los recorridos estructurantes en el transporte público de la ciudad (ver p. 24 del estudio de corredores complementarios de protransporte) Es muy usada por estudiantes universitarios (recoge de los campus de San Marcos, PUCP, y ahora UPC en San Miguel), y entre Surco y Barranco funciona como un ‘urbanito’, un servicio casi barrial para ir al mercado de Surco, o al cementerio). Entiendo que la empresa que la opera (E.T. SERV.COM.IMPOR.Y EXP.MACHU PICHU S.A. a.k.a «Machu Pichu») no opera ninguna otra en la ciudad.

Como se sabe, lo que en un sistema racional de transporte se absorbe, se equilibra o se subsidia, en un para-sistema como el que sufrimos en Lima, se convierte en sobrecosto para el operador. Ejemplos: pasajeros de punta a punta, pasajeros que pagan medio. Son parias, plomos, indeseables. Sobrecostos. Bultos. Y los operadores resuelven trasladando el sobrecosto al usuario.

En las horas ‘valle’, y en las noches con afluencia de universitarios, la Ruta SO-35 se divide informal, a veces tenuemente, en dos: del paradero inicial/final a la mitad funciona un tarifario, y trasgredido ese límite económico, aparece el pasaje «directo». De la mitad al paradero final, se ‘corta’: te dicen que se malogró, que tomes otro carro, que ya no van o, peor, que pagues OTRO pasaje).

¿Quieres continuar tu camino?

En fin, todo esto consta en los estudios de embarque/desembarque y en la literatura gris sobre informalidad en el transporte público en Lima.

Lo que me ocurrió a mi esta mañana (no es la primera vez, y sé que no será la última) es otra consecuencia de esta negativa del operador a absorber el costo de mi traslado. No soy un bulto, ni un plomo. Soy un fantasma. O un estorbo para lo que viene.

El mecanismo es el siguiente: según se comporte la demanda, las unidades de estas rutas con segmentos/momentos-no-rentables (como el mío: San Borja, 9:30 am) quedan «fuera de servicio» por decisión del operador. En el caso de la ruta SO-35 (y otras que se traslapan con esta en Surco) este «fuera de servicio» puede ocurrir en el tramo Angamos-Javier Prado, y ‘vuelve al servicio‘ recién en Higuereta, o Av. Benavides. Y si no encuentra suficientes pasajeros, está a tiempo de pedir a los plomos que se bajen, y reiniciar el servicio en el siguiente paradero, o incluso cambiar de carril para hacer el camino de vuelta. Allí resultaría un problema tener un pasajero que exceda ese tramo, o una persona mayor o con niños, que complique «solucionar». En las noches esta situación es más que frecuente. Y lo rentable es ‘hacer paradero’ (léase, chantarse) en Marsano con Ayacucho (para recibir la descarga de la estación del Tren) o en Óvalo Balta. 

Un ejemplar de la Machu Picchu. La imagen no corresponde a la unidad/fecha del incidente que narro aquí (tomada de salvemosbarranco.blog.com)

A diferencia de los sistemas de taxi online/app, cuyas quejas se viralizan en minutos, la situación de los usuarios mal servidos del transporte público pasa por debajo del radar. No trae miles de clics, ni legiones de trolls, y por tanto, no obliga a las empresas a presentar explicaciones a los usuarios, o al público en general. Pero ocurren todos los días, a toda hora, en toda la ciudad. Estamos tan terriblemente acostumbrados al desastre que es el transporte público en el Perú, que nos damos por bien servidos si llegamos vivos y sin que nos paleteen o nos roben. Quejarse porque no te dejaron subir al bus o porque te bajaron a mitad de ruta es una sofisticación, a lo mucho tema para el meme de «no fuiste estudiante si…».

Sin embargo, esta normalización del maltrato y la irracionalidad en cómo nos movilizamos todos los días millones de personas dice mucho de nuestro estándar sobre lo público y sobre la experiencia de usuario. Creemos que sólo podemos reclamar (y que debemos ser atendidos) si es un bien de consumo privado (una cucaracha en mi pizza, un pericote en mi quentaqui, mi hamburguesa remojada, mi tarjeta del banco). Pero estamos desorientados y desprotegidos en nuestra experiencia de uso de los bienes públicos. Ganaríamos mucho como sociedad si la exigibilidad a la que está sometido nuestro consumo privado de clase media, se trasladara a nuestro uso de lo público.

¿Este servicio existe? ¿Es viral?

Sí, el debate (?) sobre las colas para abordar el Bus Azul, promovido malamente por la prensa castañedista, fue nada más un hipo en nuestra historia colectiva.

Codicia, pecado del capital

La revista Semana Económica ha publicado una infografía titulada «Los 10 terrenos más condiciados de Lima Moderna».

fuente: semana económica

Como vemos, el ránking está conformado por el suelo correspondiente a:

Hospital Víctor Larco Herrera
Colegio Melitón Carbajal
Colegio Alfonso Ugarte
Colegio San Agustín
Universidad Nacional Agraria La Molina
Ministerio del Interior
Edificio Petroperú
Cuartel General del Ejército
Base Aérea Las Palmas
Un terreno -técnicamente, el único «terreno»- en el cruce de las avenidas El Polo y El Derby, en La Molina

Algo que siempre hay que señalar, aunque parezca obvio, es que desde la lógica del «potencial inmobiliario», se habla de «terrenos». El uso actual y cualquier valor de uso de las edificaciones sobre esos terrenos se aplana, se reduce a la valorización de metros cuadrados. Una valorización millonaria,por cierto. Así, dos escuelas públicas remodeladas hace unos pocos años, no son dos escuelas públicas remodeladas hace unos pocos años, sino un aproximado de 105 mil metros cuadrados que representan un valor 240 millones de dólares (90 millones de dólares el de Melitón Carvajal, y 150 millones de dólares el Alfonso Ugarte).

fuente: semana económica

Frente a tamañas cifras, cualquier uso que limite o impida el desarrollo de ese potencial, implica «desperdicio». De acuerdo a SE y sus fuentes (un puñado de gerentes de empresas inmobiliarias), se trata de «grandes locaciones en desuso o subutilizadas». Codicia y desperdicio son las palabras clave.

Siguiendo a SE, Petroperú y el Ministerio del Interior deben destinarse a oficinas (¿perdón, no son ya oficinas?) y el suelo que ahora ocupan la Universidad Agraria y los colegios Alfonso Ugarte y Melitón Carvajal deben destinarse no a fines de investigación o educativos, sino a uso comercial y de vivienda.

Digamos que aceptamos esta idea. A continuación, lo lógico sería esperar que el valor se incremente al desarrollarse ese potencial inmobiliario. Así, la vivienda en estos terrenos bien conectados y servidos será para quien pueda garantizar la realización de ese nuevo valor y los altos retornos esperables de una inversión de esta magnitud. Es decir, para quien pueda pagar esa vivienda, pues si en el discurso de estos desarrolladores inmobiliarios una escuela pública en ua zona de alto valor inmobiliario es un desperdicio, es evidente que en esos terrenos no cabe aludir a porcentajes (en unidades de vivienda producidas) destinados a vivienda social. Menos aún a la funcionalidad de estos terrenos para atender a una demanda no-sólo-basada en la capacidad de pago, como pueden ser la destugurización o la desaturación de algunas zonas. Eso en caso de que aceptáramos que en esa zona de alto valor inmobiliario la ciudad requiere viviendas y comercios, y no escuelas públicas… lo que no sabemos porque SE no nos dice qué planes tiene la ciudad allí. En realidad no importa si la ciudad tiene planes allí. Una especie de castañedismo periodístico.

La tremenda pelea para darle destino de vivienda social a un porcentaje del aeródromo de Collique, o la negación a utilizar un porcentaje del ex Cuartel San Martín en la costa de Miraflores para la destugurización de la zona de Santa Cruz, son buenos ejemplos de la incapacidad de nuestros desarrolladores inmobiliarios de ver oportunidades de negocios más allá de la demanda sólo-basada-en la capacidad de pago. Obviamente, nadie les va a pedir que no hagan negocios. Sólo que indigna su incapacidad de ver oportunidades de negocio distintas al mercantilismo ramplón y segregacionista. Cito: «[el colegio Alfonso Ugarte] está en una zona que no le corresponde si se piensa en los alumnos a los que atiende. Podría reubicarse en un lugar más cercano a sus casas«. No, no se trata de Madeleine Osterling, sino de Andrés Zubiate, gerente de Arteco (¡y blogger de Semana Económica!). Y no se trata del aparente desliz en una campaña electoral, sino de un discurso de negocio absolutamente normalizado, pese a que combate uno de los valores más importantes de nuestra ciudad: la diversidad social y cultural (que está ahí, pese a los muchos intentos de negarla, invisibilizarla o restringirla a propuestas de consumo).

En la prensa peruana -particularmente en la llamada «especializada» en temas económicos- predomina el punto de vista de los grandes capitalistas, y no tiene lugar el de las autoridades y sus planes o de los ciudadanos y sus organizaciones, por lo que no debe sorprender que el reporte de SE no tenga contraste con otras voces y sea básicamente el programa inmediato de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, una agremiación que funciona desde 2013 y que se desprende de CAPECO, cuyo expertise está en la construcción y no tanto en el mercado de suelo.

Además de cero metros cuadrados para espacio público (el uso obvio del Pentagonito, que por mi debería convertirse en Parque Zonal), cero metros cuadrados para vivienda social y cero metros cuadrados para integración ciudadana, ADI-PERÚ transparenta esa tremendo desprecio que tiene cierto sector del empresariado peruano por el Estado, al hacer un requerimiento tan angurriento como el terreno que ocupan las oficinas de Petroperú, la empresa petrolera del Estado.

¿Qué hace u̶n̶ ̶e̶d̶i̶f̶i̶c̶i̶o̶ ̶d̶e̶l̶ ̶p̶o̶d̶e̶r̶ ̶p̶ú̶b̶l̶i̶c̶o̶  una chica como tú en un lugar como este? (foto: Mario Zolezzi)

Ya antes, a través del diario El Comercio, habíamos sido testigos de este desprecio, cuando en un reporte titulado «El Estado tiene oficinas que cuestan US 8.000 el metro cuadrado» (13/10/13) se nos interpelaba así:

«¿Qué hacen el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Foncodes, Cofopri y hasta el Fondo Mivivienda en pleno corazón comercial y financiero de San Isidro? Si bien todas estas entidades del Estado se crearon para impulsar el crecimiento social del país y ayudar a la población más necesitada, nadie se explica cómo la burocracia ocupa oficinas levantadas en terrenos que cuestan entre US$3 mil y US$8 mil el metro cuadrado»

Debo aceptar, sin embargo, que esta vez la codicia de los desarrolladores inmobiliarios me ha sorprendido: no pensé que se meterían con las fuerzas armadas (al igual que la Iglesia Católica, un poderoso terrateniente de Lima) incluyendo en su mapa al Cuartel General del Ejército y a la Base Aérea Las Palmas. En una siguiente edición les sugiero incluir al Centro Naval de San Borja, que es más o menos un enorme club deportivo-social (otro «lujo asiático que podría estar tranquilamente en Cañete», otro «terreno gigante metido en la mitad de la ciudad») y que propongan un switch entre el Ministerio del interior y el Ministerio de Desarrollo e inclusión social, que en realidad tiene mucho más necesidades logísticas y más relevantes que la «benemérita».

Las calles que pisamos

Hace unos pocos días se cumplieron dos años de la partida de Javier Diez Canseco. En LaMula.pe escribí, con ocasión de su muerte, primero, y del primer aniversario de su partida, después, un par de textos breves sobre cómo afrontamos la muerte de un hombre público, polémico y a la vez importante para la izquierda peruana, como fue JDC.

Ambos textos acompañaban una pieza de video. El de los funerales de JDC, con un testimonio visual a cargo de TomateColectivo, lo titulé «Las calles que recorrió Javier» (05/05/2013), buscando un paralelo entre el multitudinario pasacalle que fueron sus exequias y los cientos de movilizaciones que él acompañó durante su carrera política. El del primer aniversario, lo titulé «La vida de Javier Diez Canseco», y al video de Ricardo Ayala y Ginno Melgar para LaMula.pe, agregué un intento de pensar en la ‘elaboración’ de la muerte de JDC desde un rito civil. Comparto ambos textos otra vez, como un intento de pensar en las herencias, en la continuidad y la ruptura en el campo progresista, y en el significado de las calles que pisamos juntos, los que quedamos.

Las calles que recorrió Javier

Entre música de zampoñas y bombos, puños en alto y rosas en las manos, los restos del socialista Javier Diez Canseco dejaron ayer la Casona de San Marcos para ser llevados a la Plaza Bolívar, donde las organizaciones sociales y agrupaciones políticas le rindieron homenaje, junto con los parlamentarios que estuvieron a su lado en el difícil momento de su suspensión en el Congreso de la República.

Banderas, cantos roncos, altavoces que van de mano en mano entre los escalones de militantes y de artistas, bandas y comparsa: ayer, como pocas veces últimamente, los símbolos de la cultura de izquierda se desplegaron en Lima con orgullo, con firmeza y a la vez con calidez.

Sí, la carga de rudeza de nuestras banderas -vendida como violencia gratuita por los medios y la derecha- se tornó una calidez común que envolvió a Javier en su último paso por avenida Abancay, Plaza Dos de Mayo y Plaza Bolognesi, los escenarios privilegiados de las innumerables manifestaciones populares, protestas sindicales y marchas cívicas que él promovió y acompañó a lo largo de su extensa militancia política.

La Internacional, el himno nacional y las consignas del repertorio izquierdista forman el sonido en directo que recoge Javier, sangre y corazón de la revolución! (3m 20»), breve documento visual preparado por los compañeros del Movimiento por el Poder Popular y el Colectivo Tomate, donde se muestra, precisamente, la calidez del símbolo de izquierda encarnado en la multitud que acudió ayer 7 de mayo a esta intensa despedida.

La vida de Javier Diez Canseco

El año de la muerte de Javier Diez Canseco se ha cumplido, para los suyos, marcado por un sentimiento que no fue ajeno a la vida del político de izquierda: un ánimo de reivindicación. Liliana Panizo, su compañera, hoy guardiana de su memoria y su legado, pelea porque el Congreso de la República restaure el buen nombre de Javier, acatando el fallo judicial que desestima la injusta sanción que recibiera en noviembre de 2012, y que marcaría el fin de una brillante labor parlamentaria.

Con matices, este duelo inquieto ha marcado a cada uno de los círculos que Diez Canseco estableció durante su destacado paso por la política. Es lo que cualquier observador atento podía percibir la tarde del domingo 4 de mayo, durante la espera de la inauguración de la muestra «JDC, una vida singular», auspiciada por la Municipalidad de Lima y organizada por el comité promotor de la fundación Diez Canseco.

Nada más entrar al Parque de la Exposición, una fotografía a tamaño natural de un sonriente Javier recibía a los visitantes: amigos, seguidores, colaboradores, vecinos políticos, rivales, habituales de las asambleas, marchas y contramarchas de la izquierda local, estudiantes universitarios y una notoria concentración policlasista de sesentayochistas que han terminado unidos por las circunstancias, homologados a fuerza por el paso del tiempo y la reducción de los espacios políticos organizados.

En ese ambiente, LaMula.pe conversó con los concurrentes a la ceremonia, y como resultado presenta a sus lectores el documento visual que encabeza este texto, que fue posible gracias a la atención que los organizadores dispensaron a nuestro equipo -Ginno Melgar y Ricardo Ayala- y al tiempo que nos dedicaron quienes conversaron con nosotros cumpliendo con concentrar sus mejores palabras para el homenajeado.

JDC, un reto para la izquierda

A diferencia de sus funerales -que se desenvolvieron en una ola de desconcierto y bullicio, una reacción primaria frente al rápido golpe de la muerte-, este primer año se conmemora, ciertamente, en un ambiente de desolación. No es malo decirlo. No sabemos qué hacer con Diez Canseco. Su figura nos interpela y quizá no estamos a la altura.

En nuestra historia contemporánea, y en cómo la entendemos desde nuestras historias personales, la relación colectiva que tenemos con la muerte reconoce lo extraordinario y heróico, un resabio cristiano quiere que la carne sea sacrificio, la retórica de la revolución exige la inmolación en nombre de una causa, y la guerra -vivimos una guerra- nos impuso sus duras y extenuantes reglas. Heraud, Moyano, Huilca, Cantoral. Nos cuesta más entender a- y relacionarnos con- los que simplemente mueren cuando llega el día o la enfermedad -Javier, Horacio-.

Con Diez Canseco, estamos desamparados ante el desafío de elaborar su muerte de modo que se entronque a nuestra tradición, de modo que podamos atenderla desde el repertorio izquierdista. Tomará tiempo y no es un fruto que caerá de maduro, no. Es algo que debemos cuidar y cultivar.

El Frente Amplio tiene ya adquirida esta deuda. Algunos elementos están frescos en la memoria y pueden ayudarnos a elaborar la partida de Diez Canseco. Lo primero será superar la tentación de falsificar el mito -¡Javier Unidad!-, o de negociar con la memoria una figura suavizada, consensual, convocante -«El Javier de Todos«-.

No lo fue, y honrarlo es reconocer en su larga trayectoria política sus contradicciones y los enfrentamientos que generó con las decisiones de cambio y continuidad en su línea política: desde Vanguardia Revolucionaria, el PUM e Izquierda Unida, ese aggiornamiento desde el membrete que significó el llamado Partido Democrático Descentralista y su absurda aventura electoral, hasta el retorno del perfil radical que animó a tantos con el lanzamiento del Partido Socialista. Y claro, también el último naufragio de la zurda al lado de Ollanta Humala, que, valgan verdades, supuso una reconexión de las izquierdas democráticas en las que se ubicaba JDC con una cara popular extraviada por años, quizá décadas.

Sus exequias, el año pasado, dan algunas pistas de un camino posible para el duelo, y para la memoria. De su masivo funeral en la Casona, tengo en mente todas las banderolas, pancartas y trapos agitados durante su despedida: federaciones campesinas, sindicatos de todo rubro, círculos estudiantiles, sectas velasquistas, gremios profesionales, asociaciones civiles, organizaciones de discapacitados, ONG´s, promociones de colegios de educación especial, agrupaciones artísticas, familiares y víctimas de la guerra, núcleos GLBTI, luchadores por los derechos humanos: todos sintiendo a Javier como suyo, todos haciendo guardia, todos queriendo cubrir aunque sea por un minuto, con su bandera particular, el ataúd. Esta es una imagen muy potente: pocos hombres en la política peruana han exhibido esa amplitud de registro para reivindicar las luchas por ciudadanía. Pocos hombres han sido reclamados desde tantas tribunas.

Las preocupaciones que le tomaron la vida -derechos humanos, anti impunidad- y las que concentraron su labor parlamentaria pos transición -anticorrupción, soberanía nacional, ciudadanía plena- pueden ayudarnos a completar la ruta, para recuperar su legado e imaginar que es posible que estas causas no se reduzcan a los contenidos que el discurso demo-liberal les asigna. Hay que recordarlo: JDC creía en esas cosas y peleaba por ellas motivado por su vocación por quienes están en los márgenes y deben ser reparados por la historia. Es decir, creía en esas cosas y peleaba por ellas porque era de izquierda. Y punto.

Una alianza público-privada contra la ciudad

(imagen: archivo fam. huilca)

(Publicado originalmente como «Huilca, desalojado por OAS», en «El misterio de la capital», mi columna en Noticias Ser)

El retiro y traslado irregular del monumento dedicado al mártir sindical Pedro Huilca, ocurrido el domingo último, es un hecho que nos permite reflexionar sobre el carácter de la convivencia pública en Lima. Sobre todo, de los poderes que la definen, empezando por quien ha decidido tomar la iniciativa en ello: El alcalde de Lima.

El busto a Huilca – realizado por el escultor Víctor Delfín – obtuvo su ubicación en un paseo público de la ciudad, en atención a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta recomendaba el gesto como parte de la reparación al movimiento sindical y a la familia Huilca, los mas notable agraviados por el asesinato de Pedro en 1992, un crimen atribuido a Colina, escuadrón de la muerte empleado por la dictadura fujimorista en operaciones de guerra sucia. Este busto perdió su ubicación de pronto y -salvo por la ficción de las redes sociales-, en silencio, desplazado por obra de una alianza público-privada promovida por la mafia que vía elecciones ha tomado el control de la ciudad.

(avenida 28 de julio/ imagen tomada de la web vanguardia aprista)

Esta obra de ingeniería (un paso a desnivel con dos túneles en la intersección de las avenidas Wilson-Arequipa-Arenales y 28 de Julio), además de ser dañina para el entorno urbano, resume el modelo de gobierno del Luis Castañeda. Ejecutada de la mano de intereses privados y de espaldas a la ciudadanía, sirve de telón de fondo para una nueva agresión a los sectores ciudadanos y políticos que respaldaron la alcaldía de su predecesora, Susana Villarán, y para borrar de un plumazo dos (más) de sus obras, el proyecto Río Verde y la reparacion a Huilca.

la «información» sobre la «obra».

Si el inicio de la propia obra -con dinero ‘robado’ a Río verde, un proyecto de espacio público mucho más difícil y caro- no ha significado ningún costo político real para el alcalde, menos lo ha sido la remoción clandestina del busto a Huilca, ocurrida en algún momento del domingo 29 de marzo. La velocidad aparente con que actúan la empresa y la municipalidad (anunciando la obra en todos los medios de prensa el día 17, instalando su campamento publicitario la noche del 18) contrasta con la falta de respuesta a los familiares de Huilca, que en ningún punto fueron informados de las acciones en torno al busto, las que también afectarían otros dos importantes monumentos: el de Haya de la Torre, fundador del APRA y, del otro lado del paseo, el dedicado al Amauta José Carlos Mariátegui.

el monumento, cercado por una valla publicitaria de OAS y la MML (foto: peru21)

No es la primera agresión física que sufren lugares de memoria en la ciudad o en el país. Ocurren ante la indolencia de la prensa, la indiferencia de los partidos políticos (de derecha y de izquierda) y la puesta de perfil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El mensaje es que no hay lugar para recordar o reivindicar hechos o personajes incómodos para el discurso cívico-militar de la posguerra. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido sistemáticamente con «El ojo que llora» (dedicado a los muertos a resultas del conflicto armado interno) o hace un par de años con el propio busto a Huilca, esta vez ya no se trata de actos de anónimo vandalismo o performances de odio. Es otra etapa.

La remoción del busto de Huilca como play-off de una ilegítima e innecesaria obra de ingeniería, tal como el despojo del Museo de la Memoria en Junín so pretexto de «falta de espacio para oficinas administrativas», han sido realizados como actos de gobierno. Son ejercidos desde el poder estatal. O al menos desde una de sus versiones (la favorita de políticos autoritarios como Castañeda o los Fujimori): un poder estatal que se concibe a sí mismo por encima de cualquier ley, cuestionamiento o crítica. En tres meses en el municipio Castañeda ya ha falseado textos de la ley, ha mentido sobre los contratos con las empresas de transporte público y ha huido impunemente de rendirle cuentas al Congreso. Y es con esa misma insolencia que dirige el poder contra los trabajadores – a los que Huilca representa- y contra la posibilidad de acordar en el espacio público algunos puntos mínimos: ¿es condenable y merece recordarse un crimen de la dictadura? ¿merece atención la sentencia de una corte internacional? ¿merece una familia que ha perdido a uno de los suyos ser comunicada oportunamente sobre una obra que afecta su reparación? Para Castañeda, y para un importante sector de su electorado, no. Para la maquinaria de prensa que enterró a Villarán por cada acto de gobierno, tampoco.

Se dirá – como ha hecho solícitamente el diario El Comercio – que la Municipalidad «informó» sobre la remoción del busto de Huilca a través de oficios dirigidos a los sindicatos (CGTP y Construcción Civil). Lo cierto es que estas comunicaciones se hicieron públicas sólo después de los reclamos de las hijas de Huilca, que se enteraron por testigos y fotos on line del estado del monumento. No hay que dejar de lado que una de ellas, Indira Huilca, fue regidora de Villarán y en esa condición de enemiga, es poco lo que puede esperar de consideración de parte de las actuales autoridades. Que a posteriori (recién hoy miércoles) y gracias a una gestión del Consejo Nacional de Reparaciones, han citado a la familia para informar sobre la localización y el destino del busto. Como los murales, la reforma del transporte, los CREA o los programas culturales, la joven Huilca es algo que hay que borrar.

un estilo de hacer las cosas

Se dirá también que en esos oficios se asegura que la pieza está a buen recaudo mientras duren las obras. No se ha dicho dónde. Y el problema previo es que no se ha comunicado a la ciudadanía, ni al concejo municipal, el plan ni el cronograma de la obra, asi que nadie sabe dónde ni cuando empieza o acaba. Si bien ofrecen que volverá a su lugar, hay sobradas razones para poner en duda cualquier promesa de Castañeda o sus funcionarios. Para ellos, como para el núcleo duro de su electorado, la razón de estado -que a nivel municipal se resume en «hacer las obras», «facilitar la inversión privada», «solucionar el tráfico»- tiene carta libre para atropellar derechos y memorias. El capital privado que engorda a costa de fagocitar los espacios reales y simbólicos de la ciudad, se ha reencontrado con su mejor aliado.

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Aquí, un registro del día de la inauguración del busto:

Y una lectura sugerida sobre espacios de memoria: «Espacio de memoria/ Espacio de conflicto», de Rodrigo Quijano.

Arenas de 1971

JUAN VELASCO ALVARADO CON LOS FUNDADORES DE VILLA EL SALVADOR

El 28 de abril de 1971 se produjo en Lima la toma de tierra que daría origen a Villa El Salvador, un pueblo que nació con dos millares de familias y que bordea hoy los 400 mil habitantes. 

El hecho, llamado «pamplonazo», fue un verdadero sacudón político en el tercer año del gobierno militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado y fue revelador de la explosión urbana de Lima: Si en 1940 la ciudad recibió el 61% del total de inmigrantes en el país, en 1961 este porcentaje había crecido al 74%; desde allí y hasta el año 1972 la tasa de crecimiento poblacional en la capital fue de 5.8%, su récord historico.

El nacimiento de Villa El Salvador se produjo 13 días después de esta toma de tierras, protagonizada por las familias de obreros, zapateros y sastres de La Victoria, Surquillo y el Rímac. 13 días en los que el gobierno dio un vuelco total: de una política claramente represiva -arrestos a los promotores de la invasión y a los sacerdotes vinculados a ellos, un muerto en una verdadera batalla campal el 5 de mayo- a una de colaboración con el movimiento barrial, al que se llegaría tras negociar el traslado de las familias a los arenales de Tablada de Lurín, unos kilómetros más al sur.

El traslado se inicio el 11 de mayo. La web AmigosdeVilla da cuenta del hecho. No sólo desde su invaluable archivo fotográfico, sino también desde sus documentos, muchos de ellos firmados por los fundadores de Villa El Salvador. Aquí van algunas fotografías del momento fundacional (1971) y la invitación a visitar la web, en la que se puede encontrar información del distrito desde entonces hasta la actualidad.

Devorados por El Mercado

La pequeña capilla Jesús Reparador, en el cruce de las calles Miroquesada y Andahuaylas es, al borde del mediodía, quizá el único lugar en varias manzanas en el que los acontecimientos se suceden regidos por el orden ritual. Con la nave al tope y una inusual fila de camarógrafos atentos a las primeras hileras de bancas, el sacerdote engola al máximo la voz al anunciar el responso dedicado a las almas de los caídos hace doce años en el incendio de Mesa Redonda, sin duda la más grave tragedia ocurrida en Lima, el 29 de diciembre de 2001.

LOS QUE PERMANECEN Y LOS QUE PARTIERON (FOTO: LAMULA.PE)

Afuera, el incesante hormigueo del mercado más grande y expansivo de la ciudad lo devora todo. Se traga la canción que, al interior del templo, acompaña a decenas de familias que recogen a prisa los porta-retratos alineados en la escalerilla al pie del altar y en las molduras de las paredes. Deja apenas oír las declaraciones a la prensa de los deudos y los damnificados. En unos minutos, nos tragará a todos: unas cuarenta personas tratando de mantenerse juntas a la salida de una misa dominical no son nada para la vorágine comercial que reúne cada día de la temporada de fin de año a unas setenta mil personas.

FOTO: LAMULA.PE

«Ya me aburrí joven, todos los años lo mismo, habla con mi compañera nomás«- dice en tono amable, pero firme, una señora que rechaza a un presumible estudiante de ciencias sociales, que sin cámara o micrófono, luce de poca utilidad para la causa práctica: lograr el reconocimiento de las indemnizaciones, y que progrese la petición al respecto que han entregado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la indolencia de las cortes peruanas, en las que ninguno de los señalados como responsables recibió penas de consideración.

FOTO: LAMULA.PE

«Hablarás la verdad«- le dice una mujer a otra, mirándola a los ojos, ambas con las fotografías de sus hijos impresas en baners plásticos. Ya fuera del reducido atrio de la capilla, los banderines y flores que se alistan para la obligada visita al cementerio El Ángel se confunden con el cotillón amarillo, los antifaces, los tubos de espuma y las piñatas en forma de botella de cerveza. «Pidan justicia«- indica un dirigente a las familias que declaran a la televisión. La mitad del grupo se ha ido, haciendo grandes ademanes que traduciría como «ya nos vemos allá» y «primero voy a almorzar».

Antes del inminente desbande, un camarógrafo corpulento y acalorado decide por fin una composición a la altura del drama y logra reunir a un puñado de familias. Un hombre que posa con el retrato de su hijo adolescente ataviado con toga y birrete, pide tres hurras por los muertos. Los gritos y aplausos detienen un instante al gentío que se arremolina al ver las cámaras. En poco menos de un minuto, el hombre improvisa un discurso sobre la justicia, el dolor y el cansancio y se da maña para desear a «los periodistas que nos apoyan», un feliz año 2014.

UN DEUDO IMPROVISA UN DISCURSO. ES LO MÁS CERCANO A UN RITO CIVIL (FOTO: LAMULA.PE)

Si bien en la capilla, ante el mutismo de los deudos, es un sacerdote el que habla del dolor y la paz final, de descanso eterno y de la búsqueda de consuelo, aquí en la calle varían los términos y cualquiera puede hablar: se pide justicia, se pide indemnización, terapia física y sicológica, se muestra a las cámaras fotocopias de expedientes judiciales y partes médicos, asuntos en los que poco tiene que hacer el Padre Eterno, pues para eso están la Corte Suprema y la CIDH. Es en realidad lo más cercano a un rito civil, un momento para hablar en voz alta de derechos negados, del Estado y de lo que significa para pequeños comerciantes, trabajadores de venta minorista, y regentes de puestos de mercado buscar justicia en el Perú.

Alguien despliega una banderola. El texto en ella está corregido; donde se leía «Por fin encontramos encontramos la luz y la justicia«, la frase «Por fin» está oculta tras un parche en el que se lee «NO». Donde se leía «nuestros seres queridos ya descansan en paz«, alguien ha tachado «ya» y ha escrito también «NO». La historia nunca deja de escribirse. La justicia para un largo duelo se escribe como negación.

FOTO: TALLER DE ARTESANÍA SALVAJE

No es lo único que se ha borrado y vuelto a escribir en esta historia. La plazuela que el municipio limeño destinó a la memoria de los caídos y que se inauguró en 2002 en el cruce de los jirones Cusco y Andahuaylas, desapareció en 2006 para dar lugar a una galería comercial.  En realidad, todo lo que está sobre el suelo entre las avenidas Abancay y Grau sufre la presión por nuevo espacio para depósitos o galerías comerciales. Cualquier casona, callejón o edificación de pocos pisos está bajo amenaza de ser arrasada por la rentabilidad, por la fuerza imparable de El Capital para el que no hay más valor que el de multiplicarse y rendir. 

IMAGEN RETOCADA CON EL AVANCE DE LA PLAZUELA DEDICADA A LA MEMORIA DE LA TRAGEDIA, HOY DESAPARECIDA (IMAGEN: REVISTA CARETAS)

En la amplia vereda de retiro de la galería Cusco permanecen una docena de agentes del serenazgo, en una acción de «control del comercio ambulatorio». «Se trata de mantener el área sin ambulantes», explica uno de los muchachos uniformados, buscando la sombra del camión porta-tropas blanco que los ha traído al lugar. La desaparecida plazuela y esta vereda eran las únicas posibilidades de reunión para quienes insisten en recordar. Cuerpos para cuya memoria no hay espacio. Cuerpos de ciudadanos que conjugan en la misma porción de metros cuadrados en la que trabajan, el lugar de la acumulación y el esfuerzo, con el del recuerdo, el dolor y la pérdida de un hijo, un compañero, una madre, una amiga. Literalmente, hay que seguir sudando por el pan en el mismo lugar en el que el fuego deshizo lo amado.

EL AVISO DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA TRAGEDIA SE HACE UN LUGAR ENTRE EL PROFUSO AVISAJE DE OPORTUNIDADES COMERCIALES EN MESA REDONDA (FOTO: TERESA CABRERA)

Sin lugar de reunión, la gente empuja, los estibadores apuran, el bullicio apremia. La vida, el nuevo año que nos alistamos a recibir, la mercadería lista para despachar, se imponen sobre la muerte, sobre las deudas con el pasado, sobre los que se han ido y sobre los que permanecen. El Mercado exalta lo rentable, fagocita los cuerpos para instrumentar el consumo. Deglute lo inútil. La ciudad es su cómplice. No da tregua a la memoria.

Villa El Salvador: sueños que lustramos día y noche

(Publicado originalmente como Historia de dos ciudades en El misterio de la capital, mi columna en Noticias Ser)

empuñando la rosa que no tuvimos o el arma que soñamos (…)
sueños que lustramos día y noche para que la rosa surja en esta tierra
CESÁREO MARTÍNEZ

Villa El Salvador: Horas de lucha

El año pasado, una de las cadenas de centros comerciales más activa de la capital inició sus operaciones en Villa El Salvador. El entusiasta gerente declaró a la prensa local que la inauguración de su tienda era “la primera aproximación a la modernidad” para el distrito, al que caracterizó como “emprendedor y pujante”. Explorar esta imagen de modernidad – que en su momento me dejó contrariada- me parece un buen modo de conmemorar aquí el aniversario número 42 de Villa El Salvador, cumplido hace unos pocos días.

plataformas de consumo como «aproximación a la modernidad»

En la retórica predominante del emprendedurismo –la cultura exitista asignada por el mercado a la choledad- la experiencia de Villa El Salvador resulta fallida en tanto no pueda verificarse, en primer lugar, su capacidad de consumo y luego, su capacidad de acoger las plataformas prototípicas de lo considerado moderno en la segunda década del siglo XXI limeño: superficies comerciales para franquicias de capitales des-territorializados y superficies cerradas donde se aglomeran unidades de vivienda que se vende en los folletos como “en el sur de Lima” y “con rápido acceso a la Panamericana Sur”. De acuerdo a los planes de quienes fabrican estos espacios donde el modelo del éxito se realiza, Villa El Salvador empezó su modernización recién en la última década.

Un distrito como cualquiera/ Proyecto de vivienda de VIVAGYM (Graña y Montero) en Villa El Salvador

Esta modernización de Villa El Salvador exige su perfeccionamiento como una verdad reluciente que deje atrás -para siempre- la historia arenosa, imperfecta y conflictiva que encadena a los villanos a la pobreza y al atraso. Exige dejar atrás disputas bizantinas por la memoria, fuentes del resentimiento social. A un distrito que se moderniza le basta con saber que se hizo “gracias al esfuerzo de su gente” y no que en el parto murieron sus hijos -Edilberto Ramos y Ángel Vicente Salvador-, ni que las balas que les dieron muerte se dispararon para defender la propiedad privada de las garras de los pobres.

Edilberto Ramos, caído durante el desalojo de Pamplona

A esa modernización galopante no le quita le ni pone nada que los futuros hijos de Villa El Salvador sepan que su pueblo fue gobernado por más de una década bajo la inspiración de un escudo en el que se agolpaba la masa y se cruzaban una lampa y un fusil. Sí, un fusil. Que los trazos de cal sobre la tierra pelada disparaba en hombres y mujeres una idea del futuro tan poderosa que bastó para resistir la privación, la lejanía, la arena. Bastó para transformar un plano en una ciudad. Para qué recordar que lo hizo de la mano de un general golpista, si cuando mueran los fundadores ya no la arena, sino el olvido y el asfalto se tragarán los monumentos que lo recuerdan, y que los trasnochados vendedores de ideología se afanan en conservar. Y con su extinción, La Mujer del Pueblo será simplemente La Mujer y Los mártires del 1ro de Mayo serán mejor nombrados Los Trabajadores, y punto.

Velasco en Villa El Salvador (Foto Archivo Amigosdevilla)

el sueño de la vivienda, el gobierno de CUAVES, la lampa, el fusil, la industria y la masa.

A la brillante modernización de Villa El Salvador no le disgusta ostentar su ya viejo título de “Ciudad Mensajera de la Paz”, siempre que por debajo de la alfombra no asomen las memorias incómodas de una guerra librada no sólo entre las fuerzas armadas y el senderismo, sino también entre vecinos, dirigentes, militantes de facciones cuavistas, municipalistas, y en ellos, todas las izquierdas presentes y desunidas. Esa paz que le reserva a María Elena Moyano la nómina apacible de madre coraje y heroína popular, víctima de la demencia gonzalista, para negarle discretamente su estatuto de mujer, de negra, de feminista y de militante de izquierda, hechos sin duda menores en el combate por La Paz.

María Elena Moyano. Militante de izquierda, dirigente popular.

A la imparable modernización “que llega” a Villa El Salvador –y a sus aliados locales- no le gusta recordar que si bien los usos agropecuario e industrial no se realizaron en el tiempo más allá de una vetusta planificación de inspiración socialista, ello no quiere decir que hoy las decisiones de transformarla estén por encima de la gente, las leyes y las autoridades.

Chicos en Alameda de la Juventud, Villa El Salvador

Villa El Salvador: una modernidad popular

VES: una clase trabajadora

Así, 42 años después, Villa El Salvador es dos ciudades. Una ciudad donde el poder dicta que el emblema de “modernidad” es poco menos que una plataforma de consumo con logos debidamente registrados y donde la historia de esfuerzo es una larga e indefectible marcha hacia el éxito personal y la propiedad privada. Debajo de ella, persiste La Otra VES, un “distrito de tres letras”, en que propios y extraños necesitamos, para vivir mañana, revisar la experiencia del arenal que se hizo ciudad en una sociedad tan desigual como la limeña. Ciudadana de esa ciudad me reconozco.
Ver también:

Hitos en la historia de VES (1971-2001), un esfuerzo de villanos, aquí
El archivo en línea más completo de Villa El Salvador: amigosdevilla
una modernidad alternativa en Villa El Salvador, locón de danielramirezcorso

¿Qué fue de la Alameda dedicada al Grupo Néctar, en Collique?

En junio de 2008 escribí un post comentando los planes de dos municipios limeños en torno a la construcción de espacios públicos en homenaje al Grupo Néctar (Comas) y a Muñequita Sally (Ancón). Un año antes, los integrantes de Néctar habían muerto en un aparatoso accidente automovilístico en el tránsito entre un concierto en Liniers/Bs As  a otro en La Plata, en Argentina. Un par de semanas después,  Muñequita Sally (Sara Barreto) corrió igual suerte al volcarse la camioneta en que volvía a su casa en Ancón, tras uno de sus shows.

A propósito del anuncio de la Municipalidad de Lima de incluir una plazuela o un anfiteatro dedicado a Lorenzo Palacios «Chacalón» en el proyecto de Parque El Migrante,  aquí va una ficha sobre el espacio dedicado al Grupo Néctar en Comas.
Un siguiente post lo dedicaré a la Alameda dedicada a Muñequita Sally, en Ancón.

Alameda Santa Rosa, en Collique Comas

Ubicación de la Alameda en 3ra Zona de Collique, Comas (Con Wikimapia)

En febrero de 2009, la Municipalidad de Comas inauguró una Alameda dedicada  a la memoria de Néctar. En algunos documentos de la comuna (MDC-Informe Presupuesto Participativo 2008), el proyecto aparece nombrado como Alameda Néctar, aunque finalmente se llamó Alameda Santa Rosa (tomando el nombre de la calle sobre la que se ubica). Se encuentra en la tercera zona de Collique (Comas), el barrio de uno de los fundadores del grupo, y es también reconocida por los vecinos y los promotores culturales comeños como Paseo de la Música. Es la fachada de la casa de la familia Orosco, con un mural en el que están retratados los músicos de Néctar, la que genera la identidad entre el grupo y el espacio público.

Calle Santa Rosa antes de la construcción de la Alameda    (Foto: Municipalidad de Comas)

Alameda Santa Rosa/ Foto: Municipalidad de Comas

Fachada familia Orosco/ Foto: Pakalo Alvarez Matheus/ Kalmathe

Chicos en Alameda Santa Rosa (Foto: Lunasolpedagogía)

Niños y niñas jugando sobre ciclovía de Alameda Santa Rosa  (Foto: Lunasolpedagogía)

La Alameda Néctar fue una obra propuesta formalmente por la Sub Gerencia de Parques y Jardines en el listado de proyectos que la Municipalidad de Comas incluyó en el Presupuesto Participativo 2008 (julio de 2007). Si bien el Plan de desarrollo del distrito cuenta con una línea de «Cultura e identidad local», la alameda se presentó como parte de las actividades atribuibles a la línea de medio ambiente.

Cultura e identidad local. Comas afirma su identidad local y cultural, fortaleciendo sus rasgos comunes: la identificación con su historia y su ciudad, la mejora de la calidad de vida y de las condiciones para el bienestar, el desarrollo de valores y la solidaridad.  Objetivo 1: Promover y difundir las manifestaciones artísticas, culturales e históricas mediante la creación de espacios públicos y programas con la participación del capital social creativo y la empresa privada, posicionando la imagen del distrito en Lima Norte y Lima Metropolitana.

(Tomado del Plan de Desarrollo de Comas)

Más allá de los planes del alcalde que inauguró la Alameda, el resultado fue la generación de un espacio público sobre lo que antes fue una franja de tierra sobre el retiro de una vía (una de relativa importancia local). De hecho, es una mejora en el entorno urbano, en una zona que periódicamente se ve afectada por escorrentías a causa de los embalses de lluvia en las partes altas de los cerros.

A 2012, la Alameda Santa Rosa es uno de los espacios públicos en los que se mueve el programa «Comas lee y triunfa», una campaña municipal de lectura al aire libre dirigida a niños y niñas, además de ser un lugar referencial para intervenciones de promoción del juego, como las del grupo Pedagogía Lunasol -cuyas fotografías ilustran el post- y su «Juguetón de Collique» (Maratón de juegos tradicionales).

La nueva muralla de Lima

(Publicado originalmente en El misterio de la capital, mi columna en Noticias Ser)

En los distritos consolidados de nuestra capital, la ciudad de los créditos MiVivienda crece hacia arriba, imparable: una imagen de modernidad y altura ha reemplazado en unos pocos años nuestras referencias visuales y nuestros espacios de convivencia, generando por cierto, nuevas tensiones vecinales y ciudadanas. Tras la intensa neblina limeña, hacia el este, otra ciudad crece, también hacia arriba, también imparable.

Otros «barrios altos»: Nueva Rinconada- San Juan de Miraflores (Rodrigo Abd/AP)

El área sur este de Lima es uno de los territorios más dinámicos y problemáticos de la ciudad. Allí se dan el encuentro la expansión este de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo-VMT, en Lima Sur y las jóvenes urbanizaciones de los distritos de La Molina, Cieneguilla y, desde Pachacamac, la mega barriada de Lima, Manchay. No es este únicamente un punto de encuentro físico, sino por sobre todo un llamado de atención sobre nuestra voluntad de convivencia ciudadana. El reiterado anuncio del Sr. Zurek, alcalde de La Molina, sobre su intención de levantar un cerco en su límite con Villa María del Triunfo, y la anuencia de la Sra. Barrera, alcaldesa de esa comuna, nos permite echar una mirada acerca de cuáles son hoy los términos en que los limeños estamos enfrentando este llamado de atención.

El color más oscuro indica las manzanas urbanas ubicadas en pendiente mayor a 20º

Lo que ocurre desde unos años en las proximidades de la línea de cumbres que el Sr. Zurek planea cercar, no es, por lejos, una situación exclusiva entre La Molina y Villa María del Triunfo, ni entre La Molina y sus vecinos pobres. Desde mediados de la década del noventa, todo el crecimiento de VMT gana los cerros del este y ha urbanizado suelo ocupando, y en los últimos años, rebasando cada una de las quebradas que en esa zona conforman el sistema de lomas costeras de Lima. Quebrada Santa María -arriba del cementerio de Nueva Esperanza-, San Gabriel Alto y la Quebrada Paraíso son parte de la mancha urbana que trepa por encima de los 300 m.s.n.m. y alcanza con facilidad, en sus barrios más nuevos, los 560 m.s.n.m. A nadie se le mueve una ceja. No hay grandes discusiones públicas acerca de “las invasiones”. ¿Nos preocupan las invasiones, o nos preocupan las invasiones en zonas donde la diferencia social es notoria, contundente? Mejor: ¿nos preocupan las ocupaciones irregulares sólo cuando se producen al lado de ocupaciones formales? ¿Nos preocupa la ciudad o nos preocupa la propiedad privada?

Cerco en  límite La Molina-SJM (Usuario Luis Enrique 131095/Panoramio)

Hacia mediados de la década pasada, ya era posible llegar a Manchay –cambiando de mototaxi- desde Santa Maria, bajando a la Quebrada El Retamal, hoy ya ocupada. Libre tránsito entre dos distritos. Como ir de Magdalena a San Isidro, o de ahí a Lince, sólo que en un paisaje urbano y social distinto. Y con sus lotes repartidos entre VMT y San Juan de Miraflores, para los barrios de La Nueva Rinconada no se planteó la construcción de un muro que distinguiera dónde acaba uno u otro distrito. La alcaldesa de VMT ha dicho que La Molina está en su “legítimo derecho” de cercar su propiedad, pues el terreno se debe reservar para un Parque Ecológico. Es una manera muy cortés de dejar de lado que el cerco supone, no sólo la protección de un predio –destinado a un espacio público-  sino la securitización de una frontera predial y simbólica. Una mala vecindad.

Color azul indica concentración de sectores de altos ingresos en Surco – La Molina. «Aglomeración de la élite», según gráfica de De Los Santos (+MAPINSE 2006 Apoyo)

Es cierto que no existe propiamente continuidad urbana entre VMT y La Molina, pero el desarrollo del Parque Ecológico supone un problema de gestión común, más aún cuando la Municipalidad Metropolitana prevé para toda el área un programa de recuperación de lomas. Si hay una preocupación por la protección de las laderas, ésta no es exclusiva de la Municipalidad de La Molina, que desde 2001 gestiona que estos espacios se consagren a una reserva paisajística, intención consagrada en una ordenanza de mayo de 2012. VMT cuenta con una norma similar para sus cumbres y laderas desde 1997, destinada a proteger el sistema de lomas costeras y a prevenir la expansión urbana sobre los cerros que lo conforman. Ninguna de las dos normas garantiza que estas tierras no sean ocupadas y mientras estos municipios no trabajen juntos en la gestión de los cerros en los que colindan, éstos serán pasto para la actuación de traficantes. ¿Es esta expansión urbana adecuada para la ciudad y los ciudadanos? No. Pero parece que sólo preocupa públicamente cuando supone un acercamiento social entre pobres y no tan pobres.

Los parientes pobres: Sta. María/VMT -Manchay/Pachacamac (Con G.Earth)

San Juan de Miraflores y La Molina: desencuentro en altura (Con G Earth)

Villa María del Triunfo: sus nuevos barrios (Con G. Earth)

En los portales de los diarios locales, o en la radio, los comentarios de lectores y escuchas de La Molina y de otros barrios con terrenos asediados por ocupaciones informales –La Molina enfrentó una decena de intentos sólo el año pasado- insistían en que estas suponen un problema de seguridad. Me llamó la atención que en ningún caso se haya hecho mención, como fuente de inseguridad, a una batalla a pedradas entre pandillas –una de las amenazas reales que sufren los vecinos de las partes altas de VMT-. Se trataba más bien de merodeadores, de “desconocidos”. Queda claro que el problema de seguridad pública que pueda producirse en estas zonas no es compartido con VMT: el problema de seguridad es VMT.

Nuevos Barrios en Quebrada Paraíso-VMT ¿Cómo hacer inversión pública sin alentar la expansión urbana irregular? (Cabrera- Marzo 2013)

El caso, que no es nuevo -La Molina ha levantado cercos en distintos puntos de colindancia con otros distritos, en cumbres o no-, permite aún plantear una pregunta crucial para el gobierno de las áreas donde la ciudad ha crecido vía formación de barrios precarios: ¿Cómo hacer inversión pública para atender las necesidades básicas de las y los ciudadanos de esos barrios, sin alentar la ocupación irregular de tierra urbana sub-estándar? Las Quebradas de VMT, en la última década, han sido un privilegiado foco de atención de programas de inversión en muros de contención y expansión vial, así como de nuevos esquemas de agua y alcantarillado. En lo que respecta a este tipo de expansión urbana, quizá en lugar de pedir que intervenga el Ministerio del Interior, es hora de preguntarse qué está haciendo el Ministro de Vivienda.

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Para el caso San Juan de Miraflores- Surco,
Lea: «Grupos sociales diferentes en aislamiento voluntario/ Sobre la producción de nuevas formas de segregación socio espacial entre los distritos Santiago de Surco y San Juan de Miraflores (1970-2006)”, tesis del geógrafo Manuel De los Santos.

Vea: El muro que divide Las Casuarinas y Pamplona Alta, una presentación a «Borde/Fronteras», documento visual de Daniel Ramírez-Corso.

Dos razones simples por el #NO

Recién me preguntaron cuál era la «obra» municipal por la que voy a votar contra la revocatoria de Susana Villarán. Sé que me lo preguntaron en tono de cachita, esperando encontrar en mi respuesta, con prejuicio, rollos sobre ciudadanía, floros sobre la izquierda, adornos sobre los derechos, la epopeya contra la corrupción. Cuando me di cuenta que era con mala leche, ofrecí responder no con una, sino con dos «obras» municipales.

#NO es No a los malos negocios que destruyen Barrios Altos. En 2012 la Municipalidad de Lima clausuró y sancionó a los siete depósitos informales más grandes de Barrios Altos, los primeros de una serie de enormes construcciones ilegales a cuyos dueños la Municipalidad ha notificado a fin de cambiar las reglas de juego para la actividad que desarrollan, en la medida en que esta afecta a los vecinos y al espacio público. Estos malos negocios están afectando el derecho a la vivienda: sus promotores participan en compras tramposas de lote y pagan a delincuentes o a malos vecinos para hostigar a quienes se resisten a abandonar sus hogares, cuando no financian incendios, roturas de tuberías o directamente desalojos violentos, con el fin de hacerse de la mayor cantidad de espacio a buenos precios. Su actividad genera conflictos y deteriora el espacio público, además de producir problemas de movilidad a los peatones y caos vehicular, al ocupar las pistas y veredas con sus impertinentes faenas de descarga, pues se trata de una actividad que no respeta ningún horario.

Al realizar estas clausuras y al notificar a los dueños de depósitos, la Municipalidad de Lima ha mostrado que está dispuesta a ordenar esta actividad y a proteger a sus vecinos y vecinas. La alcaldesa ha dicho que “no permitirá un depósito más en Barrios Altos”. Una revocatoria sólo debilita esta posición y fortalece a los malos empresarios y comerciantes que están destruyendo Barrios Altos y el Cercado y no quieren negociar con la alcaldesa otros términos para su inversión económica. Ellos se harán fuertes contra nosotros si revocan a la alcaldesa. Cuando digo nosotros no es un nosotros abstracto o defensor per se de las “causas justas”: me refiero a mi familia, barrioaltina como yo.

#NO es NO a la indiferencia frente a la tuberculosis. En 2012 se realizaron 30 mil pruebas gratuitas de detección de TBC en Hospitales de Solidaridad-SISOL. Los resultados de estas pruebas se entregaron en 24 horas y en caso de dar positivo, el SISOL se encargó de derivar los casos al Ministerio de Salud- MINSA, que a través de sus postas y centros está a cargo de dar tratamiento ambulatorio a los pacientes en sus zonas de residencia o trabajo. Cualquier persona que haya sufrido TBC, y con ella su familia, sabe lo importante que es contar con un diagnóstico rápido, además de buena orientación y un trato digno.

Lo importante de la iniciativa de esta gestión no es sólo que dio a 30 mil limeños la posibilidad de hacerse una prueba para descartar TBC, sino que se propuso que esta prueba sea válida para los servicios públicos de salud, es decir, que facultan al paciente a recibir tratamiento, sin tener que hacerse otra vez la misma prueba y recién ser reconocido por el MINSA, lo que es elemental si se quiere iniciar tratamiento inmediato y garantizar un trato digno. Antes, la importante capacidad instalada de los Hospitales de Solidaridad – con módulos en todas las Limas- no había sido vista como la gran plataforma para montar un sistema de detección. El equipo que Villarán puso en el SISOL se comprometió a potenciar los esfuerzos de detección del MINSA, ayudando a detectar más casos en más lugares, y entre muchos más estratos sociales que los que alcanza a cubrir el MINSA.

(Foto: El Comercio)

Si bien los Hospitales de Solidaridad están muy identificados con la “obra social” del gobierno del señor Castañeda, es la gestión de Susana Villarán la que será recordada por iniciar la transformación de esta red de consultorios médicos a bajo costo –es eso lo que eran, y nada más- en un componente organizado de los servicios públicos de salud de la ciudad. Esto quiere decir que además de ser baratos, estos consultorios pueden ser la puerta de ingreso a los servicios médicos especializados del sistema público: el paciente puede transitar desde ahí, con sus diagnósticos y exámenes, a centros con mayor capacidad resolutiva o hacia los tratamientos gratuitos disponibles, en caso de ser necesario. Los casos de TBC detectados en el SISOL y derivados al MINSA son una muestra de ello.

Adicionalmente, la gestión de Villarán dispuso que los pacientes que por sus bajos ingresos o condiciones de desprotección familiar así lo requieran, reciban servicios de alimentación complementaria para fortalecer el agotador tratamiento de antibióticos con el que se combate esta enfermedad. Con ello mostró además que es posible articular al SISOL con los programas sociales que maneja la Municipalidad en su jurisdicción, el Cercado de Lima.

Esa «otra forma de gobernar»

Puedo citar otras varias iniciativas municipales que refuerzan mi opción por NO revocar a Villarán y su equipo. Estas no son sólo las que siento más personales, cercanas a mi experiencia familiar; son las que me parece muestran de modo concreto qué implica un buen gobierno para una ciudad difícil como Lima, con problemas de convivencia, con paltas vecinales, con las tensiones que generan las economías informales; también una ciudad con retos enormes en salud pública, con enfermedades que castigan la pobreza o la mala alimentación. Me refiero a gobernar una ciudad más allá de los autos y los grandes negocios, que me parece que es el paradigma instalado y que, sí, con muchas dificultades, esta alcaldesa intenta variar. Voté por ese otro estilo de gobierno que prometió la campaña de la izquierda en Lima (una «Lima para Todos»), y creo que hasta donde han avanzado merecen ser respaldadas.  Estas son las expresiones de gobierno –y no sólo las que se miden en altura, kilometraje o toneladas de cemento- por las que una izquierda moderna debe apostar, las que debe radicalizar y por las que debe marcar NO este 17 de marzo.