Codicia, pecado del capital

La revista Semana Económica ha publicado una infografía titulada “Los 10 terrenos más condiciados de Lima Moderna”.

terrenos
fuente: semana económica

Como vemos, el ránking está conformado por el suelo correspondiente a:

Hospital Víctor Larco Herrera
Colegio Melitón Carbajal
Colegio Alfonso Ugarte
Colegio San Agustín
Universidad Nacional Agraria La Molina
Ministerio del Interior
Edificio Petroperú
Cuartel General del Ejército
Base Aérea Las Palmas
Un terreno -técnicamente, el único “terreno”- en el cruce de las avenidas El Polo y El Derby, en La Molina

Algo que siempre hay que señalar, aunque parezca obvio, es que desde la lógica del “potencial inmobiliario”, se habla de “terrenos”. El uso actual y cualquier valor de uso de las edificaciones sobre esos terrenos se aplana, se reduce a la valorización de metros cuadrados. Una valorización millonaria,por cierto. Así, dos escuelas públicas remodeladas hace unos pocos años, no son dos escuelas públicas remodeladas hace unos pocos años, sino un aproximado de 105 mil metros cuadrados que representan un valor 240 millones de dólares (90 millones de dólares el de Melitón Carvajal, y 150 millones de dólares el Alfonso Ugarte).

fuente: semana económica
fuente: semana económica

Frente a tamañas cifras, cualquier uso que limite o impida el desarrollo de ese potencial, implica “desperdicio”. De acuerdo a SE y sus fuentes (un puñado de gerentes de empresas inmobiliarias), se trata de “grandes locaciones en desuso o subutilizadas”. Codicia y desperdicio son las palabras clave.

Siguiendo a SE, Petroperú y el Ministerio del Interior deben destinarse a oficinas (¿perdón, no son ya oficinas?) y el suelo que ahora ocupan la Universidad Agraria y los colegios Alfonso Ugarte y Melitón Carvajal deben destinarse no a fines de investigación o educativos, sino a uso comercial y de vivienda.

Digamos que aceptamos esta idea. A continuación, lo lógico sería esperar que el valor se incremente al desarrollarse ese potencial inmobiliario. Así, la vivienda en estos terrenos bien conectados y servidos será para quien pueda garantizar la realización de ese nuevo valor y los altos retornos esperables de una inversión de esta magnitud. Es decir, para quien pueda pagar esa vivienda, pues si en el discurso de estos desarrolladores inmobiliarios una escuela pública en ua zona de alto valor inmobiliario es un desperdicio, es evidente que en esos terrenos no cabe aludir a porcentajes (en unidades de vivienda producidas) destinados a vivienda social. Menos aún a la funcionalidad de estos terrenos para atender a una demanda no-sólo-basada en la capacidad de pago, como pueden ser la destugurización o la desaturación de algunas zonas. Eso en caso de que aceptáramos que en esa zona de alto valor inmobiliario la ciudad requiere viviendas y comercios, y no escuelas públicas… lo que no sabemos porque SE no nos dice qué planes tiene la ciudad allí. En realidad no importa si la ciudad tiene planes allí. Una especie de castañedismo periodístico.

La tremenda pelea para darle destino de vivienda social a un porcentaje del aeródromo de Collique, o la negación a utilizar un porcentaje del ex Cuartel San Martín en la costa de Miraflores para la destugurización de la zona de Santa Cruz, son buenos ejemplos de la incapacidad de nuestros desarrolladores inmobiliarios de ver oportunidades de negocios más allá de la demanda sólo-basada-en la capacidad de pago. Obviamente, nadie les va a pedir que no hagan negocios. Sólo que indigna su incapacidad de ver oportunidades de negocio distintas al mercantilismo ramplón y segregacionista. Cito: “[el colegio Alfonso Ugarte] está en una zona que no le corresponde si se piensa en los alumnos a los que atiende. Podría reubicarse en un lugar más cercano a sus casas“. No, no se trata de Madeleine Osterling, sino de Andrés Zubiate, gerente de Arteco (¡y blogger de Semana Económica!). Y no se trata del aparente desliz en una campaña electoral, sino de un discurso de negocio absolutamente normalizado, pese a que combate uno de los valores más importantes de nuestra ciudad: la diversidad social y cultural (que está ahí, pese a los muchos intentos de negarla, invisibilizarla o restringirla a propuestas de consumo).

En la prensa peruana -particularmente en la llamada “especializada” en temas económicos- predomina el punto de vista de los grandes capitalistas, y no tiene lugar el de las autoridades y sus planes o de los ciudadanos y sus organizaciones, por lo que no debe sorprender que el reporte de SE no tenga contraste con otras voces y sea básicamente el programa inmediato de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, una agremiación que funciona desde 2013 y que se desprende de CAPECO, cuyo expertise está en la construcción y no tanto en el mercado de suelo.

Además de cero metros cuadrados para espacio público (el uso obvio del Pentagonito, que por mi debería convertirse en Parque Zonal), cero metros cuadrados para vivienda social y cero metros cuadrados para integración ciudadana, ADI-PERÚ transparenta esa tremendo desprecio que tiene cierto sector del empresariado peruano por el Estado, al hacer un requerimiento tan angurriento como el terreno que ocupan las oficinas de Petroperú, la empresa petrolera del Estado.

¿Qué hacen dos e̶d̶i̶f̶i̶c̶i̶o̶s̶ ̶d̶e̶l̶ ̶p̶o̶d̶e̶r̶ ̶p̶ú̶b̶l̶i̶c̶o̶ como ustedes en un lugar como este? (foto: mario zolezzi)
¿Qué hace u̶n̶ ̶e̶d̶i̶f̶i̶c̶i̶o̶ ̶d̶e̶l̶ ̶p̶o̶d̶e̶r̶ ̶p̶ú̶b̶l̶i̶c̶o̶  una chica como tú en un lugar como este? (foto: Mario Zolezzi)

Ya antes, a través del diario El Comercio, habíamos sido testigos de este desprecio, cuando en un reporte titulado “El Estado tiene oficinas que cuestan US 8.000 el metro cuadrado” (13/10/13) se nos interpelaba así:

¿Qué hacen el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Foncodes, Cofopri y hasta el Fondo Mivivienda en pleno corazón comercial y financiero de San Isidro? Si bien todas estas entidades del Estado se crearon para impulsar el crecimiento social del país y ayudar a la población más necesitada, nadie se explica cómo la burocracia ocupa oficinas levantadas en terrenos que cuestan entre US$3 mil y US$8 mil el metro cuadrado

Debo aceptar, sin embargo, que esta vez la codicia de los desarrolladores inmobiliarios me ha sorprendido: no pensé que se meterían con las fuerzas armadas (al igual que la Iglesia Católica, un poderoso terrateniente de Lima) incluyendo en su mapa al Cuartel General del Ejército y a la Base Aérea Las Palmas. En una siguiente edición les sugiero incluir al Centro Naval de San Borja, que es más o menos un enorme club deportivo-social (otro “lujo asiático que podría estar tranquilamente en Cañete”, otro “terreno gigante metido en la mitad de la ciudad”) y que propongan un switch entre el Ministerio del interior y el Ministerio de Desarrollo e inclusión social, que en realidad tiene mucho más necesidades logísticas y más relevantes que la “benemérita”.