Una alianza público-privada contra la ciudad

huilca
(imagen: archivo fam. huilca)

(Publicado originalmente como “Huilca, desalojado por OAS”, en “El misterio de la capital”, mi columna en Noticias Ser)

El retiro y traslado irregular del monumento dedicado al mártir sindical Pedro Huilca, ocurrido el domingo último, es un hecho que nos permite reflexionar sobre el carácter de la convivencia pública en Lima. Sobre todo, de los poderes que la definen, empezando por quien ha decidido tomar la iniciativa en ello: El alcalde de Lima.

El busto a Huilca – realizado por el escultor Víctor Delfín – obtuvo su ubicación en un paseo público de la ciudad, en atención a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta recomendaba el gesto como parte de la reparación al movimiento sindical y a la familia Huilca, los mas notable agraviados por el asesinato de Pedro en 1992, un crimen atribuido a Colina, escuadrón de la muerte empleado por la dictadura fujimorista en operaciones de guerra sucia. Este busto perdió su ubicación de pronto y -salvo por la ficción de las redes sociales-, en silencio, desplazado por obra de una alianza público-privada promovida por la mafia que vía elecciones ha tomado el control de la ciudad.

(imagen tomada de la web vanguardia aprista)
(avenida 28 de julio/ imagen tomada de la web vanguardia aprista)

Esta obra de ingeniería (un paso a desnivel con dos túneles en la intersección de las avenidas Wilson-Arequipa-Arenales y 28 de Julio), además de ser dañina para el entorno urbano, resume el modelo de gobierno del Luis Castañeda. Ejecutada de la mano de intereses privados y de espaldas a la ciudadanía, sirve de telón de fondo para una nueva agresión a los sectores ciudadanos y políticos que respaldaron la alcaldía de su predecesora, Susana Villarán, y para borrar de un plumazo dos (más) de sus obras, el proyecto Río Verde y la reparacion a Huilca.

la
la “información” sobre la “obra”.

Si el inicio de la propia obra -con dinero ‘robado’ a Río verde, un proyecto de espacio público mucho más difícil y caro- no ha significado ningún costo político real para el alcalde, menos lo ha sido la remoción clandestina del busto a Huilca, ocurrida en algún momento del domingo 29 de marzo. La velocidad aparente con que actúan la empresa y la municipalidad (anunciando la obra en todos los medios de prensa el día 17, instalando su campamento publicitario la noche del 18) contrasta con la falta de respuesta a los familiares de Huilca, que en ningún punto fueron informados de las acciones en torno al busto, las que también afectarían otros dos importantes monumentos: el de Haya de la Torre, fundador del APRA y, del otro lado del paseo, el dedicado al Amauta José Carlos Mariátegui.

el monumento, cercado por una valla publicitaria de OAS y la MML (foto: peru21)
el monumento, cercado por una valla publicitaria de OAS y la MML (foto: peru21)

No es la primera agresión física que sufren lugares de memoria en la ciudad o en el país. Ocurren ante la indolencia de la prensa, la indiferencia de los partidos políticos (de derecha y de izquierda) y la puesta de perfil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El mensaje es que no hay lugar para recordar o reivindicar hechos o personajes incómodos para el discurso cívico-militar de la posguerra. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido sistemáticamente con “El ojo que llora” (dedicado a los muertos a resultas del conflicto armado interno) o hace un par de años con el propio busto a Huilca, esta vez ya no se trata de actos de anónimo vandalismo o performances de odio. Es otra etapa.

La remoción del busto de Huilca como play-off de una ilegítima e innecesaria obra de ingeniería, tal como el despojo del Museo de la Memoria en Junín so pretexto de “falta de espacio para oficinas administrativas”, han sido realizados como actos de gobierno. Son ejercidos desde el poder estatal. O al menos desde una de sus versiones (la favorita de políticos autoritarios como Castañeda o los Fujimori): un poder estatal que se concibe a sí mismo por encima de cualquier ley, cuestionamiento o crítica. En tres meses en el municipio Castañeda ya ha falseado textos de la ley, ha mentido sobre los contratos con las empresas de transporte público y ha huido impunemente de rendirle cuentas al Congreso. Y es con esa misma insolencia que dirige el poder contra los trabajadores – a los que Huilca representa- y contra la posibilidad de acordar en el espacio público algunos puntos mínimos: ¿es condenable y merece recordarse un crimen de la dictadura? ¿merece atención la sentencia de una corte internacional? ¿merece una familia que ha perdido a uno de los suyos ser comunicada oportunamente sobre una obra que afecta su reparación? Para Castañeda, y para un importante sector de su electorado, no. Para la maquinaria de prensa que enterró a Villarán por cada acto de gobierno, tampoco.

Se dirá – como ha hecho solícitamente el diario El Comercio – que la Municipalidad “informó” sobre la remoción del busto de Huilca a través de oficios dirigidos a los sindicatos (CGTP y Construcción Civil). Lo cierto es que estas comunicaciones se hicieron públicas sólo después de los reclamos de las hijas de Huilca, que se enteraron por testigos y fotos on line del estado del monumento. No hay que dejar de lado que una de ellas, Indira Huilca, fue regidora de Villarán y en esa condición de enemiga, es poco lo que puede esperar de consideración de parte de las actuales autoridades. Que a posteriori (recién hoy miércoles) y gracias a una gestión del Consejo Nacional de Reparaciones, han citado a la familia para informar sobre la localización y el destino del busto. Como los murales, la reforma del transporte, los CREA o los programas culturales, la joven Huilca es algo que hay que borrar.

un estilo de hacer las cosas... en la penumbra.
un estilo de hacer las cosas

Se dirá también que en esos oficios se asegura que la pieza está a buen recaudo mientras duren las obras. No se ha dicho dónde. Y el problema previo es que no se ha comunicado a la ciudadanía, ni al concejo municipal, el plan ni el cronograma de la obra, asi que nadie sabe dónde ni cuando empieza o acaba. Si bien ofrecen que volverá a su lugar, hay sobradas razones para poner en duda cualquier promesa de Castañeda o sus funcionarios. Para ellos, como para el núcleo duro de su electorado, la razón de estado -que a nivel municipal se resume en “hacer las obras”, “facilitar la inversión privada”, “solucionar el tráfico”- tiene carta libre para atropellar derechos y memorias. El capital privado que engorda a costa de fagocitar los espacios reales y simbólicos de la ciudad, se ha reencontrado con su mejor aliado.

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Aquí, un registro del día de la inauguración del busto:

Y una lectura sugerida sobre espacios de memoria: “Espacio de memoria/ Espacio de conflicto”, de Rodrigo Quijano.